Celebran resolución que impedirá recurrir a objeción de conciencia para negar interrupción legal del embarazo
septiembre 21, 2021 | Fernando Inés Carmona

Orizaba, Ver.- Organizaciones pro aborto celebran el nuevo posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ordenar al Poder Legislativo del país crear una ley que evite que la objeción de conciencia se utilice para negar el acceso a los servicios de salud, particularmente el aborto. En tanto, reafirman que, en otros países, la despenalización del aborto redujo las muertes maternas; además, estas agrupaciones urgen al estado desarrollar programas para educar la sexualidad integralmente, laicos y con bases científicas.

En un documento, integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres, respaldan las resoluciones que tomó la SCJN en torno a la despenalización del aborto en el país, "reconocemos el gran avance que esto representa, porque, lo hemos repetido muchas veces, el encarcelamiento de mujeres y niñas no resuelve el problema de salud pública que es el aborto inseguro en México, el cual es consecuencia directa de los embarazos no deseados".

La penalización no evita ni disminuye los abortos, "sólo obliga a las mujeres a realizarlos en forma clandestina e insegura para su salud y sus vidas. Los problemas de salud pública, el gobierno, es quien tiene la obligación de atenderlos para erradicarlos. Para esto se requiere atender a sus causas con estrategias eficaces".

Las causas de los embarazos no deseados son multifactoriales y se sabe que se encuentran en condiciones adversas de vida de las mujeres y niñas, "se requiere conocer y cambiar esas condiciones adversas por condiciones favorables de vida para las mujeres y niñas.

Uruguay, por ejemplo, "despenalizó totalmente el aborto en 2012 e implementó programas para educar la sexualidad integralmente, laicos y con bases científicas, y logró bajar significativamente los embarazos no deseados, los abortos inseguros y la mortalidad materna. Para 2015, Uruguay fue primer lugar en América, rebasando a los Estados Unidos y Canadá, en bajar la recurrencia al aborto y su mortalidad materna por aborto bajó a cero.

"Las recientes resoluciones de la Suprema Corte, relacionadas con dos peticiones de acciones de inconstitucionalidad: la 148/2017 promovida por la entonces PGR en 2017 por modificaciones en el delito de aborto en el Código Penal de Coahuila, y la acción 106 y 107/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de inconstitucionalidad de la modificación a la Constitución de Sinaloa para proteger la vida desde la concepción, fueron aprobadas por unanimidad, lo que las convierten en precedente obligatorio para todos los jueces y juezas federales y locales; así como para todas las entidades".

Entre los argumentos emitidos por las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fundamentar estas resoluciones, están, según señala, "que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos; la dignidad humana es fundamento, condición y base del resto de los derechos humanos para que entre otras cosas las mujeres no sean cosificadas".

Igual se cita a la autonomía, "el libre desarrollo de la personalidad y la protección a la vida privada deben estar garantizadas para las mujeres por parte del Estado, ya que sólo ella puede decidir en su vida y ser responsable de la misma; la laicidad del Estado Mexicano tiene una marcada influencia en la construcción del derecho a decidir y una vinculación directa con el derecho fundamental de conducir la vida conforme al plan de vida que se elija.

"Las entidades federativas no tienen competencia para otorgar nueva titularidad de derechos humanos y definir el concepto de persona; el cigoto, huevo, embrión o feto no puede ser considerado jurídicamente persona sujeta de derechos, que es la mujer la que jurídicamente se considera persona sujeta de derechos, por lo que si bien el Estado tiene interés en el prospecto del no nacido, también lo es que ese interés no puede estar por encima de los derechos de la persona titular de derechos que es la mujer".

En el documento, igual se aclara, "es inconstitucional usar la protección de la vida desde su concepción para criminalizar y restringir sus derechos a las mujeres y personas gestantes, pues la protección de las mujeres no se da por la maternidad, sino por el hecho de su dignidad humana como persona. Con estos argumentos y otros se sentó jurisprudencia para fundamentar la inconstitucionalidad de la penalización y criminalización del aborto voluntario en Coahuila, y servirá para todos los estados".

No obstante, se reconoce que aún hay mucho que hacer en este tema, "sobre todo porque las legislaturas de todos los estados deben invalidar la penalización del aborto de sus códigos penales. El sistema de justicia penal debe liberar a las mujeres que estén en la cárcel por aborto, eliminar las carpetas iniciadas por esta causa y culminar procesos.

"Los gobiernos deben garantizar el acceso de las mujeres y niñas a los servicios de salud cuando lo requieran para una interrupción legal del embarazo además de capacitar a todo el personal y proporcionar los recursos y presupuestos suficientes, e informar a todas las mujeres de la existencia de este servicio".

También se debe integrar en los sistemas educativos programas de educación sexualidad integral, laicos, con bases científicas, con perspectiva de género y progresivos según edad e intereses, desde la niñez para que puedan tener efectos preventivos y formar jóvenes capaces de tomar decisiones convenientes, seguras, asertivas y responsables en su vida sexual, afectiva, relacional y reproductiva.

"A la sociedad civil nos toca vigilar que todo esto se realice y que no se sigan encarcelando mujeres y niñas por esta causa", puntualiza.

Este lunes, la SCJN con ocho votos a favor ordenó a los legisladores federales desarrollar una ley con la cual la objeción de conciencia, que igual fue reconocida como constitucional, no sea motivo para negar los servicios de salud, entre ellos el derecho a la interrupción legal del embarazo.

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