Denuncian negligencia del IMSS en el Puerto
septiembre 14, 2021 | Roxana Aguirre y Agencias

Su familia ha gastado todo lo que tenía; buscan conseguir más fondos para seguir tratamiento

La familia de Antonio Reina –un joven de 25 años– busca que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se haga responsable de los gastos que han tenido que enfrentar debido a una serie de "negligencias", como ellos lo califican, en su atención.

Juan Luis Reina Vergara, padre de Antonio, narró que desde el 20 de julio que su hijo ingresó a la clínica del IMSS en el puerto de Veracruz, por un dolor abdominal, han tenido problema tras problema. En aquella ocasión le detectaron una masa en el estómago, para la que pidieron una biopsia. Los resultados llegaron después de 37 días, el 12 de agosto.

Entonces se dirigieron al hospital de alta especialidad ubicado en Cuauhtémoc, también en el puerto de Veracruz, al llegar con el hematólogo, les dijo que ese estudio que el propio IMSS había realizado no le servía porque no especificaba con claridad qué tipo de cáncer era, por lo que no podía suministrarle un tratamiento.

"Nos mandaron a que le hicieran otra biopsia pero ahora de cirugía. Antonio estuvo durante seis días en ayunas esperando su cirugía, sin embargo resultó que no estaba registrado. Tuvimos que empezar a hablar con muchas personas del IMSS hasta que llegamos a la Coordinación Médica, resolvió llevando a mi hijo a urgencias para que ahí lo enviaran a la operación de la biopsia, la realizaron, e inmediatamente lo volvieron a poner en ayuno para una resonancia magnética que sería efectuada hasta el 28 de agosto, tiempo que él pasaría internado. Mi hijo me dijo ‘no puedo pasar otros días en ayuno, me van a matar de hambre’, pues esa era la instrucción médica", explicó.

Ante ello la decisión fue solicitar el alta del IMSS. Sabiendo que seguramente con ello el Instituto buscaría no hacerse responsable de la situación. Entonces buscaron atención particular para agilizar el tratamiento pues Antonio empeoraba.

"No tenemos todavía cuantificado los gastos que se han hecho, queremos pedir porque somos gente de pocos recursos, yo lo que exijo o pido es que el Seguro se haga responsable de todos estos gastos, por la negligencia y por la salud de mi hijo, porque sí la hubo, una indemnización, una atención temporal mientras él recupera su vista, y su salud", explicó su padre.

Aseguró que tienen cómo comprobar que la atención no fue la adecuada, fue tardía, pues a pesar de que tenía síntomas de pérdida de vista, en el IMSS no le hicieron la resonancia magnética que requería.

"Ya perdió la vista, primero fue en un ojo y luego en el otro, hasta ahorita no hay dictamen que nos diga si va a regresar o no la vista", explicó.

Invitó a la ciudadanía en general a denunciar este tipo de anomalías, pues durante su estadía en el hospital, se dio cuenta que hay muchos casos similares.

Antonio, a través de sus redes sociales, hizo un llamado de ayuda a la ciudadanía a donar dinero para que pueda continuar con su tratamiento.

"Se ha bloqueado bastante el tratamiento, estoy llevando tratamiento particular, son muchos gastos, como se dan cuenta, aunado a esto y a las quimioterapias perdí la vista, sin embargo el tratamiento es demasiado caro, el tratamiento es muy caro pero no me voy a rajar, un peso, dos pesos, lo que sea va a ayudar", explicó.

Su familia ha gastado todo lo que tenía, y buscan la forma de conseguir más recursos para continuar el tratamiento, sin embargo cada vez se torna más difícil.

Además solicitan al IMSS se restituya el dinero que ellos han tenido que gastar y que se comprometan a darles la atención adecuada.

Muerte de Florencia, por negligencia de la UV: CEDH

La muerte de Florencia, una niña indígena de 12 años de edad que fue agredida con arma punzocortante al regresar de la secundaria, se debió a la negligencia con la que fue atendida por una médico pasante de la Universidad Veracruzana (UV) en el DIF municipal de Zozocolco y posteriormente por personal del Hospital "Dr. José Buill Belenguer" en Papantla.

Este fue el dictamen de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre el caso ocurrido en diciembre de 2018; sin embargo, a tres años de los hechos, ni la UV ni los Servicios de Salud de Veracruz han admitido la recomendación emitida por este organismo.

El caso de Florencia puso en evidencia que la UV y el DIF en Zozocolco dejaron a una practicante de medicina sin supervisión de personal experimentado atendiendo pacientes como ella, una menor de edad que llegó tras sufrir un intento de abuso sexual y al forcejear con su agresor éste la hirió en varias ocasiones. La médico pasante revisó sus heridas y las suturó, otorgándole únicamente medicamento para el dolor y sin ningún otro tipo de indicación.

Dos días después el estado de salud de Florencia empeoró y al ser llevada al Hospital "Dr. José Buill Belenguer", en Papantla, quienes la atendieron ni siquiera solicitaron exámenes de rutina con las heridas que la menor sufrió.

El resultado fue que la niña presentó disfunción cardiopulmonar secundaria al neumotórax y estado de choque séptico por peritonitis secundaria a la perforación de colon, que finalmente resultó en su muerte el ocho de diciembre de 2018.

La CEDH advierte que la menor de edad fue atendida por una pasante de medicina general que se encontraba prestando su servicio social sin supervisión física o inmediata (a través de algún medio de comunicación directa) de un profesionista de la salud.

Por su parte, la Comisión de Arbitraje Médico concluyó en su Dictamen Técnico que la atención brindada por el personal adscrito al Hospital General de Papantla fue errónea, omisa y descuidada.

Puntualizó como deficiencias el incorrecto interrogatorio y exploración física en torno a la agresión y las lesiones de la paciente, toda vez que se refirió a sus heridas como "golpes contusos", sin tomar en cuenta las lesiones punzocortantes en diversas partes del cuerpo, sobre las cuales únicamente se indicó "múltiples heridas en abdomen al parecer no graves, algunas suturadas previamente", además de que no existía evidencia de que se hubiera realizado una exploración completa.

No solicitaron radiografías de tórax y abdomen, así como la valoración por parte de médico especialista en cirugía pediátrica o en cirugía general, no se valoró correctamente la biometría hemática.

El resultado fue que la deficiente atención médica, proporcionada por el personal del Hospital "Dr. José Buill Belenguer", ocasionó que el daño producido por las lesiones de la menor no se contuviera, sino que siguiera su curso natural tras ser dada de alta.

Lo anterior se demostró porque dos de las heridas de la menor de edad provocaron daño a sus órganos internos. Una de ellas lesionó su pulmón derecho y la otra le perforó el colon sigmoides. Lo anterior le causó un hemitórax y una peritonitis que derivaron en un choque séptico, perdiendo la vida por una falla orgánica múltiple.

Ante esto, la CEDH concluyó que tanto la UV, a través del Programa de Brigadas Universitarias en Servicio Social, como el Hospital "Dr. José Buill Belenguer" son responsables –en la medida de su participación en la atención médica brindada a la víctima– de violentar el derecho a la vida de la menor de edad. "Su deficiente supervisión de personal y atención médica, respectivamente, propiciaron que las lesiones sufridas por NNA1 evolucionaran en un choque séptico que llevó a su deceso el 8 de diciembre de 2018", señala en su recomendación.

Esto dado que proporcionar servicios de salud y atención médica en el ejercicio del servicio social sin supervisión profesional, se aleja, tanto del deber legal del respeto al derecho a la salud, pues ésta no es brindada con calidad, como del propósito del propio servicio social, que es otorgar un beneficio de la colectividad y fungir como actividad formativa.

Pese a lo anterior, ni la UV todavía con la rectora Sara Ladrón de Guevara González, ni Sesver a cargo del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, admitieron la recomendación 32/2021 y con ello los padres de la menor no recibirán la preparación del daño.

Tampoco aceptaron investigar y determinar la responsabilidad individual a través del correspondiente procedimiento administrativo y/o disciplinario, por las acciones y omisiones en las que incurrieron los servidores públicos involucrados en el presente caso.

Su negativa incluye la recomendación de capacitar eficientemente al personal médico y administrativo involucrado en el presente caso, en materia de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, especialmente en relación con el derecho a la salud y vida, así como para la observancia y aplicación de los protocolos y acciones que deben llevarse a cabo, según la praxis médica en la atención de pacientes en casos similares.

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