Pretende Poder Judicial modificar los contratos de ciudades judiciales
julio 28, 2021 | Norma Trujillo Báez

Tras los problemas financieros del Poder Judicial del estado, su presidenta Isabel Romero solicitó al Congreso del Estado autorización para modificar los contratos de asociación público-privada de las Ciudades Judiciales gestionados durante la administración de Edel Álvarez Peña.

En la correspondencia que envió a la LXV Legislatura de Veracruz la magistrada presidenta justificó que estas modificaciones a los contratos son para hacer el diseño y planeación de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de hasta 20 centros de impartición de justicia.

Refirió también que los contratos de estas Ciudades Judiciales fueron celebrados al amparo del decreto número 346, modificado a su vez mediante decreto número 624, ambos emitidos por esta soberanía y publicados en la Gaceta Oficial del Estado el 16 de octubre de 2017 y 7 de febrero de 2018.

El acuerdo en el Congreso fue turnar esta petición a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Procuración de Justicia, y de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen.

En principio se firmaron 12 contratos individuales de asociación público privada para la planeación y ejecución de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 12 Centros de Impartición de Justicia (Ciudades Judiciales) del Poder Judicial del Estado, en Orizaba, Martínez de la Torre, Tuxpan, Medellín, Papantla, Naolinco, Minatitlán, Las Choapas, Pueblo Viejo, Isla, Tantoyuca y Huayacocotla, celebrados durante el ejercicio 2018, entre el Poder Judicial del Estado y las empresas de sociedad mercantil de propósito específico siguientes: Desarrolladora CJ I SAPI de CV; Compañía Desarrolladora CJEV II, SAPI de CV; Desarrollos CJEV III, SAPI de CV y Compañía Desarrolladora CJEV IV, SAPI de CV, un plazo de 300 meses, así como el pago de fianzas y penas convencionales para caso de incumplimiento del mismo.

En el decreto 624 publicado el 7 de febrero de 2018, en la Gaceta Oficial del Estado, establece en el Artículo primero: Se autoriza al Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a convocar a uno o más concursos públicos y, en términos de los mismos, a celebrar, por conducto del Consejo de la Judicatura, uno o más contratos de asociación público-privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 21 ciudades judiciales. a) El monto total de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de la celebración de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 5 mil 100 millones de pesos, más impuesto al valor agregado, los rendimientos y el mantenimiento (precios a 28 de septiembre de 2017). b) El monto mensual de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 17 millones de pesos, más IVA (a precios del 28 de septiembre de 2017), mismos que incluyen el componente de inversión pública productiva (valores reales a actualizarse conforme a la inflación). Lo anterior, sin perjuicio de que el Poder Judicial podrá licitar los contratos de asociación público–privada de manera conjunta o separada, asignando a cada contrato el monto que le corresponda.

Al realizar una auditoría, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó seis observaciones particulares. Sin embargo, tomando en cuenta que dichas consideraciones jurídicas, efectuadas por el ente fiscalizador, se establecieron de manera conjunta para la integración de la observación que nos ocupa, en razón de que se determinó el presunto incumplimiento del ente auditado a los artículos 18 y 23 de la Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas, así como al artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y los Municipios, toda vez que inicialmente mediante Decreto Número 346 Número Extraordinario 412 del 16 de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se autorizó al Poder Judicial del Estado un monto total de obligaciones por la cantidad de hasta 3 mil 965 millones 173 mil 500 pesos, más Impuesto al Valor Agregado, para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 Ciudades Judiciales.

Sin embargo posteriormente mediante Decreto Número 624 Número Extraordinario 056 de fecha 7 de febrero de 2018, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se autorizó al Poder Judicial un monto por la cantidad de 5 mil 100 millones de pesos más el Impuesto al valor agregado, los rendimientos y el mantenimiento para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 21 Ciudades Judiciales. De lo anterior, se aprecia también que el Poder Judicial del Estado no pudo acreditar ante este ente fiscalizador haber obtenido las autorizaciones presupuestarias para realizar el proyecto de 21 ciudades judiciales, mismas que ha quedado de manifiesto representan un incremento al presupuesto considerado para la ejecución de las 17 ciudades judiciales autorizadas inicialmente, con lo cual se incurrió en un presunto incumplimiento a lo previsto por los artículos 18 y 23 de la Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas, así como el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y los Municipios, respectivamente.

La auditoría practicada a la cuenta Pública 2018 determinó que se incumplió con lo estipulado en los contratos, así como que los procesos de licitación para la contratación de las empresas no se llevaron conforme a la ley.

Se concluyó que el Expediente Técnico, presentado para solicitar al Congreso del Estado de Veracruz la autorización correspondiente para realizar la adición de cuatro Ciudades Judiciales al Proyecto de Asociación Público-Privadas para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 Ciudades Judiciales en Veracruz incumplió con lo dispuesto por el artículo 18, fracción II, de la Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz.

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