Hacia la democracia directa
julio 25, 2021 |

Por primera vez en la historia del país, la ciudadanía tendrá la ocasión de decidir sobre el trato que el Estado debe dar a los gobernantes que dañaron el interés público y debilitaron la salud institucional de la República. Ha comenzado ya la cuenta atrás para que se lleve a cabo el primer ejercicio de democracia directa en donde los gobernados sentarán un precedente de restablecimiento para la sanidad de la convivencia política y de la relación gobernantes-gobernados. El primero de agosto será la consulta popular para decidir –pese a la rocambolesca pregunta redactada por la SCJN– la forma de procesar el daño hecho por los cinco últimos presidentes que precedieron al actual gobierno. Organizado a regañadientes por las autoridades del INE.

Por la Ley Federal de Consulta Popular –expedida en 2014 y reformada en 2021– las consultas populares son un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía toma parte de las decisiones de los poderes públicos. No poca cosa. Será la primera vez en la historia del país en que la ciudadanía nacional decidirá sobre la forma de procesar los agravios infringidos por malos gobiernos. El resultado de la consulta será vinculante para el Ejecutivo y el Legislativo federales solo cuando la participación total corresponda como mínimo al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas donde se haga el ejercicio.

Las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición ya sea del Presidente de la República; por el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso federal o por los ciudadanos, en un número equivalente al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores como mínimo. Todas las peticiones de consulta deben ser aprobadas por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

La pregunta que contestará la ciudadanía será: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". Eso fue lo que alcanzaron a pergeñar los ministros de la SCJN. Ciertamente no tiene ninguno de los atributos de la claridad pero es lo que hay y desde ahí habrá que contestar sí o no. Nada indica que el respetable tenga confusión respecto a una respuesta positiva pese a la sospechosamente compleja redacción. De cualquier forma son momentos tensos, tanto por las expectativas que este ejercicio despierta, como por los resultados previsibles y esperados. Enhorabuena.

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