Requiere reforma al código penal cambios en sector salud: activistas
julio 24, 2021 | Agencias

La reforma al Código Penal de Veracruz en materia de interrupción legal del embarazo (ILE) debe ir acompañada de presupuesto para crear un programa estatal que garantice el acceso a este servicio, así como capacitación de personal de salud, adecuar la ley y las acciones a los planteamientos de la modificación que permite abortar hasta la décima segunda semana de gestación, así como contar con personal capacitado y coordinación entre dependencias para evitar la criminalización de las mujeres.

Estas son parte de las observaciones que hacen activistas, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres que advierten que la iniciativa aprobada este martes en el Congreso de Veracruz es apenas el inicio de una serie de cambios e incluso reingeniería que se requiere en el sector salud para lograr que la ley sea efectiva.

La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrella Mendoza, comentó que lo que sigue es modificar la guía que estaban elaborando sobre la atención a mujeres, los lineamientos sobre procedimientos ante estos casos.

"Se tienen que adecuar los procedimientos, el tipo de atención. Lo que se tiene que trabajar es el programa integral del ILE para establecer la política de atención especializada para mujeres que van a interrumpir el embarazo dentro de las 12 semanas de gestación, por la causal de salud o violación. Me parece que va a empujar lo que no se pudo avanzar en la política pública de salud".

Por ello, han solicitado una reunión con autoridades del estado para evaluar las acciones que se han llevado a cabo a través de indicadores pues recordó que la reforma se logró como una consecuencia de las observaciones hechas por la Alerta por Violencia de Género (AVGM) por Agravio Comparado.

"Eso nos va a permitir ver qué aspectos requieren atender (la) Fiscalía, el Poder Judicial y la Secretaría de Salud. Debemos contar con información sobre qué hospitales van a atender a las mujeres y que tengan los medicamentos necesarios. Porque en la Ciudad de México la interrupción se hace a través de medicamentos; más de 90 por ciento (del tratamiento) es por medicamento y tenemos que garantizar que los haya. Además, ver que haya médicos no objetores, qué médicos van a atender a fin de que las mujeres (lo) sepan".

Aunado a ello, consideró que debe haber una difusión sobre los casos en los que se puede acceder al ILE en todo el estado.

Por su parte, la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, Estela Casados González, mencionó que en Veracruz debe pasar lo mismo que en Ciudad de México, en donde tras la reforma hubo un empuje de la sociedad civil para que hubiera una armonización legal, que el sistema de salud gubernamental hiciera lo propio para hacerla efectiva y que adecuara el sistema con otras instancias como la Fiscalía y con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

"El sector salud debe actuar en consecuencia. Se debe hacer en una estrategia coordinada con otras instancias. Lo que viene es que haya capacitación, instrucción puntal y expedita para el personal de salud, pero también de otras áreas como la Fiscalía".

Consideró que se requiere una reingeniería en el sistema de salud, lo cual implica que haya, además de espacios o capacitaciones, toda una estrategia de educación sexual y reproductiva para permitir el uso de métodos anticonceptivos para mujeres que acuden a interrumpir su embarazo y después puedan acercarse a estos para no pasar nuevamente por este evento.

"Debe hacerse en respeto a la libertad de las mujeres que quieran. No se debe forzar a las mujeres que acudieron a interrumpir su embarazo para que obligatoriamente se pongan un DIU o usen algún otro método anticonceptivo".

Por ello dijo que la reforma no debe verse "como un punto de llegada" porque en realidad empieza el trabajo fuerte para exigir que haya presupuesto suficiente, capacitación y trabajo coordinado y estratégico para atender sus alcances.

A su vez, la integrante de la asociación civil Equifonía, Adriana Fuentes, consideró que es urgente que el estado cuente con un programa estatal de la ILE.

"Se debe tener la atención a mujeres que decidan de manera voluntaria interrumpirlo. Falta capacitación a médicos y dar a conocer a la población la posibilidad de hacerlo".

Además, opinó que se debe analizar los alcances de lo aprobado por el Congreso y lo que se debe hacer para el caso específico de embarazo infantil, a fin de lograr que las menores víctimas puedan ser atendidas de manera efectiva.

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