Amenazan concesiones mineras a ecosistemas y comunidades, alertan
junio 16, 2021 | Norma Trujillo Báez

En 5 mil 222 núcleos agrarios (es decir, territorios pertenecientes a ejidos o comunidades) con cobertura forestal se han otorgado concesiones mineras en favor de empresas privadas. Estas concesiones representan una importante amenaza para la integralidad de los ecosistemas forestales y atentan contra los derechos de las comunidades locales, sobre todo en los estados del sureste del país, dio a conocer el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

En el estudio "Bosques comunitarios y minería" se señala que en estos 5 mil 222 núcleos agrarios hay 12 mil 616 concesiones mineras, lo que representa 48.2 por ciento de las concesiones mineras otorgadas en México (26 mil 142 en total). Debe tenerse en cuenta que, si bien las concesiones otorgadas no implican aún proyectos mineros activos, sí representan una amenaza al territorio pues en cualquier momento pueden iniciarse los trabajos de exploración y posteriormente de desarrollo de minas.

También es importante destacar que las 12 mil 616 concesiones afectan una superficie de 18 mil 473.873.9 hectáreas de territorio cubierto por bosques y selvas, pues muchas de ellas abarcan toda o alguna parte de la superficie de uno o varios núcleos agrarios y también algunas porciones de los territorios vecinos.

Estos datos son alarmantes puesto que implican un grave riesgo de destrucción de gran parte de los ecosistemas forestales del país y una enorme amenaza para los derechos comunitarios y el potencial social y ambiental con que cuenta el país para desarrollar economías locales a partir del aprovechamiento forestal sustentable.

Por otra parte, de acuerdo con el análisis, existen a la fecha 342 proyectos mineros activos en 356 núcleos agrarios con cobertura forestal, de los cuales 248 están en exploración, 14 en desarrollo, 66 están operando y 14 están suspendidos.

La investigación ha permitido documentar que el Estado mexicano ha otorgado concesiones mineras sobre territorios forestales comunitarios en favor de corporativos y empresas privadas atropellando los derechos de las comunidades bajo el discurso de impulsar el desarrollo, la economía y el empleo. Sin embargo, diversos indicadores muestran que la contribución de esta actividad al PIB, a la recaudación fiscal y al bienestar local es marginal frente a los daños ambientales y sociales que implica.

El Estado ha facilitado enormemente el avance de la minería, le ha allanado el camino a las empresas con el objeto de que tengan todas las facilidades para desarrollar proyectos extractivos. Los territorios forestales afectados son propiedad de 5 mil 222 comunidades agrarias y ejidos que poseen la documentación legal que los acredita como los legítimos propietarios de las tierras. No obstante, al cobijo de la definición de que los minerales del subsuelo son propiedad de la nación, el gobierno federal otorga concesiones mineras sobre territorios comunitarios, viola el derecho de las comunidades y los ejidos a la autodeterminación y a decidir de manera autónoma sobre sus territorios.

Los bosques propiedad de comunidades agrarias y ejidos sufren directamente los impactos de 673 proyectos de exploración y extracción de minerales operados por empresas privadas, nacionales e internacionales, que basan sus acciones en las concesiones que el Estado mexicano les ha otorgado en ausencia de las consultas previas e informadas a que tienen derecho las comunidades.

Como conclusión señalan que es fundamental modificar la Ley Minera y proteger los derechos de las comunidades y ejidos dueños de los territorios forestales.

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