Denuncian violencia política de género: funcionario de Poza Rica denosta a regidora por buscar candidatura
marzo 06, 2021 | Édgar Escamilla

Édgar Escamilla Poza Rica, Ver.- Mientras la regidora segunda de Poza Rica, Gregoria Miguel Reyes, informaba de las acciones emprendidas en su comisión y la licencia solicitada para contender por un cargo de elección popular, durante la 77 sesión ordinaria de cabildo, el director de educación, Ramón Rosas Caro cometió agravios contra su persona, los cuales quedaron expuestos en la transmisión en vivo.

Gregoria Miguel Reyes es una de las fundadoras del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), instituto político que abandera a la administración municipal. A pesar de la pandemia, es una de los pocos ediles que se mantuvieron al tanto de sus comisiones, además de que previo a la contingencia, se ha distinguido siempre por cumplir con su horario de labores, contrario a la mayoría de integrantes del cabildo.

En el minuto 44:46 de la transmisión del miércoles 3 de marzo, el director de educación escribió a través de su perfil Aejekatl Rosas Caro: "Reg. Gregoria: firmó su compromiso de donar la mitad de su sueldo y NO CUMPLIÓ, ahora pide licencia para buscar una diputación [...] es usted una desgracia para el movimiento, una calamidad, que tristeza, la invito a que si va a buscar otro puesto, entonces se vaya y no vuelva" (sic).

Rosas Caro, además de director de educación, cultura y deporte, es el suplente del presidente municipal y percibe un salario de 55 mil pesos mensuales; en octubre de 2020 recibió el bastón de mando como Embajador de la Paz de las 68 Lenguas Maternas y los Pueblos Afromexicanos. Es hijo de Julia Caro Benavides, otra aspirante a la diputación por Morena.

En 2018, antes del primer informe de gobierno municipal, Miguel Reyes fue exhibida en una lona junto con los ediles Brenda Carrión y Eloy Núñez, morenistas, tachándolos de traidores por haber votado contra la aprobación de los estados financieros.

La administración municipal se ha caracterizado por el ejercicio de violencia en redes sociales contra cualquier persona que no comulgue con sus ideas, empleando inclusive las cuentas oficiales para denostar a los regidores de oposición, excusando "hackeos".

Uno de los casos que escaló a una denuncia penal es la agresión cometida en contra de la periodista Lidia López, quien sufrió reiterados ataques en redes sociales digitales de parte de Francisco Javier "N" hijo del presidente municipal.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), "la violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puesto de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público".

Según estadísticas del Informe de Violencia Política en México, proceso electoral 2020-2021, a febrero de este año se habían registrado un total de 151 agresiones, con un saldo de 46 personas políticas asesinadas, de las cuales 10 eran aspirantes a puestos de elección, por lo que los apasionamientos que derivan en agresiones no deberían ser tratados a la ligera.

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