Exigen reparación de daño para Armando Uri Cepeda ante discriminación de Volaris
marzo 02, 2021 | Fernando Inés Carmona

Orizaba, Ver.- El caso de Armando Uri Cepeda García, discriminado por la línea aérea Volaris, es uno de los cientos de segregación laboral de personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que existen en el país. A muchos de los pacientes con esta enfermedad no únicamente se les niega el derecho al trabajo, sino que además se les aplican exámenes clínicos sin su consentimiento para detectar este padecimiento. En eso incurrió la citada aerolínea.

Al respecto, Martha Patricia Ponce Jiménez, presidenta de la Red Mexicana de Organizaciones Contra la Criminalización del VIH, explicó que incluso cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "señala que nadie puede ser discriminado en nuestro país por su condición de salud, persisten un fuerte estigma y discriminación hacia las personas que viven con VIH en los centros laborales, impidiendo que puedan formar parte de una plantilla laboral, a pesar de cumplir con todos los requisitos y demostrar las aptitudes necesarias para obtener una plaza laboral".

Como muestra de los actos discriminatorios que todavía suceden en nuestro país, expuso lo que ocurre en la aerolínea Volaris, señalada de actos discriminatorios hacia Armando Uri Cepeda García, "quien en junio de 2017 inició un proceso de selección en la aerolínea, donde pasó todas las etapas selectivas hasta que se le solicitó realizarse exámenes médicos ante Laboratorios Médicos Polanco, S.A., donde se le aplicó una prueba de VIH sin su consentimiento y ésta fue enviada directamente a la aerolínea sin el conocimiento del implicado, interrumpiéndose la comunicación con él, sin que se le citará a firmar el contrato como se le había indicado previo a las pruebas médicas".

En 2019, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México, continúa, "emitió una resolución en la que se señaló claramente el acto de discriminación de Volaris y sus subsidiarias hacia Armando Uri. Por lo anterior, se solicitó al juez la inscripción de la demanda de daño moral en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como lo marca la Ley de Mercado de Valores por ser las demandadas empresas que cotizan en la bolsa, y que se considera esta demanda un hecho relevante para los accionistas, sin embargo, desde el año 2019 que se admitió la demanda las empresas han tratado de impedir su inscripción, aun cuando en agosto de 2020 perdieron el amparo que tenían interpuesto".

Las situaciones anteriores demuestran la existencia de prejuicios, estigmas, discriminación e ignorancia: "la declaración de consenso de expertos sobre la ciencia relativa al VIH en el contexto del derecho penal, elaborada por 20 especialistas en la materia, indica que las pruebas actuales sugieren que las posibilidades de que el VIH se transmita durante un único acto sexual, mordedura o escupida son inexistentes o escasas; para que haya una infección deben conjuntarse algunas de las siguientes posibilidades: debe haber una cantidad suficiente del virus en determinadas secreciones, sangre, semen, líquido pre seminal, secreciones rectales o vaginales, o leche materna; una cantidad suficiente de una de estas secreciones debe entrar en contacto directo con zonas del cuerpo de una persona VIH-negativa donde pueda comenzar la infección".

La enfermedad "normalmente se transmite a través de membranas mucosas, tejidos dañados o úlceras inflamadas, pero no áreas de piel intacta; el virus debe vencer los mecanismos de defensa inmunitaria innatas de la persona para que pueda producirse y propagarse la infección. De igual manera, la reciente publicación del estudio confirmó que el estatus de indetectable de una persona con VIH equivale a que dicha persona no puede transmitir el virus a otra, tras revisar la literatura médica existente en la materia desde 2008".

La Declaración de Oslo sobre la Criminalización del VIH señala en su primer punto que "la criminalización de la no revelación del estatus VIH, de la exposición potencial y de la transmisión no intencional está generando más daños que beneficios en términos de impacto en la salud pública y en los derechos humanos. El artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación indica que se considera discriminación difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición de salud y estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/sida".

De acuerdo con la NOM-010-SSA2-2010 para la prevención y el control de la infección, "la detección del VIH no se debe utilizar para fines ajenos a los de protección de la salud del individuo en cuestión, a menos que sea en acato a una orden judicial; no debe ser solicitada como un requisito para acceso a bienes y servicios de cualquier tipo, ni debe ser considerada como causal médica para afectar los derechos humanos fundamentales o disminuir las garantías individuales estipuladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Además, "se debe regir por los criterios de consentimiento informado y confidencialidad que consisten en que la persona que se someta a análisis debe hacerlo con conocimiento suficiente; en forma voluntaria; con autorización por escrito de la persona o, en su caso, huella dactilar, y con la garantía de que el servicio de salud al que acude respetará su derecho a la vida privada (confidencialidad del resultado) y a la confidencialidad del expediente".

Las organizaciones integrantes de esta red "condenan los actos de discriminación que derivaron en la negación de la posibilidad de un desarrollo personal y profesional para Armado Uri Cepeda García ante la falta de ética y de transparencia de la aerolínea Volaris en sus procesos de contratación, y exigen la reparación del daño al implicado, se sancione a las empresas involucradas en el caso conforme a la ley, se inscriba la demanda de daño moral en la BMV, se reconozcan los actos discriminatorios sufridos por Cepeda García, se emita una disculpa pública por los hechos, las empresas involucradas se sumen a la respuesta al VIH como condicionante para poder seguir ejerciendo sus funciones comerciales, se revise el corpus legal vigente a fin de evitar discriminación y criminalización de personas que viven con VIH".

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