Las mañaneras de AMLO, Sala Superior e INE… ¿Qué sucedió?
febrero 25, 2021 | Alberto Tarso Nájera

En los últimos días han surgido un importante número de opiniones con relación a la sentencia dictada el 17 de febrero por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)1, por la que revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (lNE)2 mediante el cual había dictado una medida inhibitoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo servidor público de los tres niveles de gobierno, en el sentido de que se abstuvieran de realizar manifestaciones sobre el proceso electoral 2020-2021 que pudieran afectar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

Aunque muy respetables los artículos de quienes tocaron este tema antes de que fuera publicada la sentencia en cuestión3, considero que estos abonan en gran medida a dos fenómenos negativos para la democracia mexicana: 1) el análisis de los asuntos de carácter electoral estrictamente desde una perspectiva política, dejando atrás su ámbito jurídico, y 2) el descrédito absoluto hacia los integrantes de los órganos electorales consecuencia de dicho tipo de análisis. En esa lógica, antes de profundizar en estos dos puntos es importante contextualizar lo sucedido.

El 28 diciembre de 2020 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia ante el INE en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, esencialmente por atentar contra los principios de imparcialidad y equidad en la contienda previstos en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Federal. En esencia, estimado lector, lo que dicen esos párrafos es que ningún servidor público podrá hacer uso de los recursos a su disposición para influir en la competencia entre partidos políticos, además de que ninguna propaganda de gobierno podrá incluir nombres, imágenes o símbolos que impliquen promoción personalizada de los servidores públicos.

En ese sentido, las razones en las que el PRD sustentó la probable violación por parte del Presidente a lo dispuesto en el citado precepto constitucional, fueron que, en la conferencia mañanera de fecha 23 de diciembre de 2020 el Ejecutivo Federal realizó manifestaciones de naturaleza electoral a favor del partido político Morena y en contra de otros institutos políticos, empleando además indebidamente tiempo en radio y televisión para promocionar su imagen.

Asimismo, en su escrito de denuncia el PRD solicitó al INE la adopción de medidas cautelares que tuvieran como finalidad evitar que el Presidente volviera a pronunciarse sobre temas electorales en sus conferencias mañaneras.

En este punto es importante señalar que la adopción de medidas cautelaras, la cual es una facultad que posee el INE, se justifica si existe un derecho que requiere protección provisional y urgente de una afectación producida (que se busca evitar sea mayor) o de inminente producción y con ello evitar que se menoscabe o haga irreparable. Empero, en sede cautelar no se juzga sobre el fondo del asunto, o sea, no se juzga si se actualizan o son ilícitas las conductas denunciadas, lo que se lleva a cabo es un estudio preliminar que permite determinar la necesidad de evitar un posible daño a los principios que rigen el proceso electoral.

En el caso en concreto, tras analizar que las posibles infracciones cometidas por el Presidente se desarrollaron en el marco de sus conferencias matutinas, es decir, bajo una modalidad catalogada por el mismo TEPJF como inédita, sumado a que no es la primera vez que denuncian al Ejecutivo por sus manifestaciones de índole electoral durante las mañaneras, el INE determinó dictar una medida de tipo inhibitoria. Esto es, a pesar no tener certeza absoluta de que López Obrador volvería a incurrir en esa clase de dichos supuestamente lesivos para la equidad en la contienda electoral, dicho Instituto tuvo por acreditados indicios que le permitieron presumir su potencial consumación; por lo que ordenaron al Presidente abstenerse de realizar conductas que involucraran manifestaciones cuyo contenido pudiera ser de naturaleza electoral durante sus mañaneras, con el fin de prevenir una falta a la equidad en el proceso electoral.

Aunado a ello, el Consejo General del INE tomó como base la sentencia de la Sala Superior SUP-REP-156/2021 para extender los parámetros de aplicación de esa medida inhibitoria para todas y todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, argumentando que en dicho precedente la Sala Superior había vinculado a los titulares de los poderes ejecutivos federal, estatal y municipal a que se condujeran con imparcialidad y neutralidad.

La decisión final del Consejo General del INE quedó establecida en el Acuerdo INE/CG26/2021, el cual fue impugnado ante la Sala Superior quien, el pasado 17 de febrero, terminó por revocar y dejar sin efectos dicho Acuerdo mediante sentencia aprobada por mayoría de votos dentro del expediente SUP-REP-020/2021.

Los comentarios alrededor de la decisión adoptada por dicha Superioridad han sido severos, directos y, a juicio de quien escribe, poco serios. En gran medida se han concentrado en descalificar a los magistrados que conformaron el criterio mayoritario adjudicándoles intenciones perversas, sesgadas y antidemocráticas. Por supuesto, de corruptos y siervos del Presidente de la República no los bajan, mientras que los magistrados que integraron la minoría son juzgadores impolutos que no han sucumbido ante la maquinaria estatal de la cuarta transformación.

Sostuve al principio que un factor dañino para nuestra democracia es el análisis netamente político sobre los asuntos de carácter electoral que, precisamente, derivan de actos del binomio institucional en materia electoral de nuestro país. Nada nutre más al pensamiento crítico que la lectura integral de los documentos que dan origen a esta clase de discusiones.

Si bien la decisión de la Sala Superior no goza de popularidad, ello no implica que tal determinación haya carecido de motivación y fundamentación. Aunque el propósito de estas líneas no es el de reproducir las consideraciones de la Sala Superior para revocar el acuerdo del Consejo General del INE, sí es el de sugerir la lectura completa de la sentencia original.

Quienes han arremetido en contra de las Magistradas y los Magistrados de la Sala Superior, no mencionaron, por ejemplo, que llevaron a cabo un estudio exhaustivo sobre la génesis, aplicabilidad e idoneidad de la medida cautelar inhibitoria, subrayando el porqué fue indebido adoptar una medida de tal modalidad en el caso en particular. Tampoco mencionaron la explicación plasmada sobre las causas por las que, en este asunto, el Consejo General del INE interpretó de forma imprecisa el precedente de esa Sala Superior, en el que se basó para vincular no solo al Presidente de la República, sino a todos las y los servidores públicos del país de abstenerse de realizar manifestaciones que pudieran inscribirse dentro del espectro electoral.

En suma, la Sala Superior aclaró que su pronunciamiento era estrictamente sobre el Acuerdo por el que se dictó la multicitada medida inhibitoria, sin que ello implicara prejuzgar respecto de las conductas denunciadas en el procedimiento especial sancionador que dio origen a tal medida, pues eso lo haría en el momento procesal oportuno. Usted, por supuesto, podrá realizar una mejor lectura.

Las y los Consejeros Electorales del INE, así como las y los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, son árbitros del juego electoral. Su dinámica se encuentra condicionada por las singularidades que posee cada proceso comicial y sobre ellas construyen u optimizan sus criterios de acción. Ningún período electoral es igual a otro, obviamente. Día con día surgen elementos novedosos que exigen una interpretación responsable de nuestro marco jurídico y, hasta el momento, no existe argumento que desvirtúe el hecho de que nuestras autoridades electorales han actuado en estricto apego a la Constitución.

Crear esta dicotomía de buenos y malos Consejeros, o buenos y malos Magistrados, con base en conjeturas, ignorando o deliberadamente haciendo de lado la parte jurídica de sus decisiones, atendiendo exclusivamente a un posible trasfondo político (que a veces existe, pero no lo es todo), merma el ánimo colectivo y provoca un sentimiento de animadversión hacia los órganos y autoridades electorales, cuando precisamente son el resultado de las más importantes conquistas democráticas que hemos alcanzado.

Ello no significa, en absoluto, dejar de ser críticos respecto al desempeño de sus funciones, pero hacerlo de manera informada, completa y responsable, es un acto de ciudadanía que ya no debe ser opcional, sino imperativo y esencial. Hacerlo de otro modo, es minimizar lo que tanto dinero, tiempo, reformas legales y constitucionales, períodos legislativos y participación cívica ha costado: una democracia joven con instituciones fuertes que nos ha dado muestras reales de pluralidad, alternancia y voto libre.

1.- Dentro del expediente SUP-REP-020/2021, consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0020-2021.pdf

2.- El Acuerdo INE/CG26/2021, consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116334/CG2ex202101-15-ap-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3.- La versión pública en la página del TEPJF apareció hasta el pasado domingo 21 de febrero.

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