Entre julio y noviembre SEA ha recibido 13 denuncias contra servidores públicos
noviembre 27, 2020 | Carlos Hernández y Roxana Aguirre

Alma Delia Hernández Sánchez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), aseveró que de julio a noviembre se interpusieron 13 denuncias por posibles actos de corrupción en contra de servidores públicos municipales y estatales.

"Desde junio a la fecha han sido 13 las denuncias, es importante que sepamos que el SEA investiga y sanciona al servidor público, temas entre particulares no tienen que ver con el sistema", remarcó.

En entrevista, Hernández Sánchez afirmó que los consejos ciudadanos recibieron dichas denuncias, las cuales fueron presentadas a los órganos de procuración de justicia para su investigación y deslinde de responsabilidades.

Sin embargo, "el proceso de investigación y sanción le corresponde únicamente a las autoridades, porque la ciudadanía cree que el representante ciudadano puede meter a la cárcel o sancionar, pero no", aclaró.

En ese sentido, advirtió que la Ley no concede esas facultades al comité ciudadano; por otro lado, recordó que también recibieron dos denuncias anónimas de índole personal, tema que no es de su competencia.

Fustigó que están a la espera de que las autoridades encargadas de investigación e impartición de justicia hagan las adecuaciones necesarias para que en diciembre o enero puedan aprobar la Política Estatal Anticorrupción.

Hernández Sánchez señaló que esto podrá ser posible gracias a la participación de la sociedad en coordinación con las autoridades.

La Política Estatal Anticorrupción está integrada por Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Contraloría del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa, un representante del Consejo de la Judicatura, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y es presidido por el Órgano Ciudadano.

Explicó que es precisamente este órgano el encargado de coadyuvar y supervisar que las autoridades cumplan con sus tareas, las cuales consisten en la prevención, detención y erradicación de los posibles actos de corrupción.

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