Ambientalistas y activistas, bajo amenazas de empresas
noviembre 25, 2020 | Norma Trujillo, Carlos Hernández y Celia Díaz

Familiares exigen a la FGE agilizar investigaciones sobre secuestro de Miguel Vázquez

Dos ambientalistas en defensa del Río Jalacingo están amenazados por parte de la empresa IGR que pretende instalar dos hidroeléctricas, denunciaron integrantes de organizaciones defensoras del medio ambiente, quienes acompañaron a familiares de Miguel Vázquez, fundador de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, para exigir que la Fiscalía dé resultado de las investigaciones para no generar un clima de desapariciones de ambientalistas que se oponen a las empresas de los megaproyectos.

En conferencia de prensa señalaron que respaldan a la familia y seguirán denunciando que la Fiscalía General del Estado (FGE) no hizo bien su trabajo, puesto que al principio sí hubo llamadas solicitando el rescate, por ello piden que rectifique el proceso de investigación y al gobierno del estado que garantice la seguridad de los defensores del medio ambiente.

Miguel Vázquez, de 70 años de edad, lleva 33 días de desaparecido, él es empresario, productor agrícola y defensor de los ríos, "él tiene que aparecer, porque no queremos que se vaya a generar un clima de desaparición de ambientalistas de la zona que no hacen otra cosa que defender sus derechos", dijo Emilio Rodríguez Almazán, integrante de Lavida.

También hay dos activistas que sufren amenazas, ello después que promovieron un juicio de amparo en contra de las concesiones de hidroeléctricas del Bobos-Nautla y ellos han logrado victorias y ha retrasado la inversión, pero esto ha generado zozobra en los empresarios y autoridades locales de la región y eso ha provocado que estén siendo hostigados constantemente.

En agosto se autorizó a la empresa IGR llevar a cabo la construcción de dos presas en el Río Jalancigo: el Proyecto Hidráulico I y el Proyecto Hidráulico III y en septiembre los demandantes de Los Pueblos de la cuenca recurrieron a la revisión en la Suprema Corte de Justicia, en ese proceso Aurora Juárez Barrientos y Agustín Guzmán Castorena, que son los de la alianza en Jalacingo, han recibido presiones de los personeros de las empresas, de los que cuidan los caminos, diciendo que se desistan, dado que están peleando con empresas muy poderosas como es la minera Autlán y que el gobierno del estado, federal y municipal están de acuerdo, denunció Héctor Colío Galindo.

A Aurora y a Agustín les piden que detengan sus acciones porque hay muchos intereses de por medio, y les señalan que ya van a regresar las maquinas, que las empresas son encabezadas por la Minera Autlán, porque Impulsa Generación Renovable (IGR) no tiene una trayectoria en la instalación de presas.

Exigen agilizar investigaciones tras secuestro de activista

Familiares de Miguel Vázquez Martínez, fundador y tesorero de la Alianza de Comunidades en Defensa de los Ríos Bobos-Nautla, exigieron a la Fiscalía General del Estado celeridad en las investigaciones, tras haber sido secuestrado y fracasaran las negociaciones.

Vázquez Martínez, de 69 años, fue secuestrado por un grupo de sicarios el 20 de octubre en el municipio de Tlapacoyan. Los familiares, amigos y activistas temen por la vida de Miguel, "hasta el momento no hay una señal que nos diga que lo vamos a recuperar, está enfermo, se teme por su vida".

Los activistas advirtieron que la agresión en contra de Miguel se suma a una serie de amenazas en el corredor del río Jalacingo, afluente del río Bobos-Nautla, donde las comunidades se ampararon contra las empresas hidroeléctricas y han sido presionadas para que reculen.

Desde hace 15 años se integró la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla en 11 municipios, en rechazo a los proyectos que atentan contra la cuenca mencionada. El movimiento social surgió ante la amenaza de tres minas a cielo abierto, dos de ellas en Puebla y otra en Tatatila, municipio de Veracruz.

Gobiernos priístas robaron el presupuesto de pueblos indígenas

Córdoba, Ver.- Pese a los discursos, el gobierno nunca ha resuelto los problemas que aquejan a la mujer indígena, lamentablemente se sigue padeciendo temas graves como, trata de personas, explotación laboral y sexual así como discriminación, señaló Ana Lucía Zavala, gobernadora nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Reconoció que todas las mujeres de esta población han sufrido algún tipo de violencia, lamentablemente no son atendidas, especialmente por no hablar español, esto los lleva a ser víctimas de discriminación ya que al buscar proceder legalmente las hacen esperar horas con la única intención de que desistan de sus denuncias "por el simple hecho de ser de alguna etnia, no las reciben".

Incluso dio a conocer que en estos sectores se desconoce que existen recursos destinados a abatir la pobreza y rezago en el que vive, es decir, el gobierno se ha robado más de 88 millones de pesos que cada año se destinan a los pueblos indígenas, sin que nadie sepa a dónde se van.

La gobernadora acusó a los gobiernos priístas de haberse quedado este recurso, lo que llevó a que las etnias se suman aún más en la pobreza, señaló que dentro de su encargo, se ha dado cuenta de lo que sufren a diario cientos de mujeres por la falta de apoyos.

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