Pide Reporteros Sin Fronteras a AMLO explicar cómo protegerán a periodistas
octubre 24, 2020 | Norma Trujillo Báez y Celia Díaz García

Desaparición de Fideicomisos, por la opacidad en manejo de fondos: Anaís Palacios

A pesar de que México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas, la desaparición de estructuras dedicadas a su protección podría poner en riesgo a muchos de ellos, por este motivo México ocupa el puesto 143, de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 publicada por Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Con el fin de afrontar las importantes dificultades económicas y el duro golpe que ha supuesto la pandemia de covid-19, el gobierno mexicano está acometiendo, a finales de 2020, importantes recortes presupuestarios destinados especialmente a enfocar sus esfuerzos financieros en la lucha contra el coronavirus, entre otros argumentos. En este contexto, la Cámara de Diputados –el 8 de octubre–, y el Senado –12 días después–, votaron a favor de suprimir 109 fideicomisos, entre estos instrumentos está el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, encargado de administrar los recursos para la implementación y operación de las "Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección" (según establece el artículo 49 de la Ley de Protección), creado en 2012 y adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).

La desaparición de este fideicomiso complicará aún más los trámites administrativos para implementar las medidas de protección, además de generar una mayor carga burocrática que, potencialmente, podría poner en peligro la vida y la seguridad de los periodistas bajo protección o de quienes lo soliciten en adelante. También hace temer que se produzca una mayor opacidad con respecto al uso de los fondos asignados al mecanismo.

Reporteros Sin Fronteras pide que el presidente López Obrador y el Ministerio del Interior deben comunicar lo antes posible de qué manera se van a reemplazar las atribuciones de este fideicomiso, además de garantizar que los recursos destinados al mecanismo se mantendrán y gestionarán con total transparencia".

Emmanuel Colombié, director de la oficina de RSF en América Latina, dijo que "México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Es inconcebible que esta votación pueda debilitar el Mecanismo y que se ponga en peligro a sus beneficiarios. Las autoridades mexicanas deben crear lo antes posible un nuevo sistema transparente y eficiente que permita al mecanismo cumplir con su mandato con prontitud y a largo plazo, además de tomar con seriedad en esta nueva etapa las recomendaciones de las organizaciones defensoras de la libertad de expresión".

Actualmente, el mecanismo cuenta con 1304 beneficiarios, entre los que se incluyen 418 periodistas (111 mujeres y 307 hombres) y 886 defensores de los derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres).

Al menos 15 periodistas han sido asesinados en relación directa con su trabajo de información desde que comenzó el mandato del presidente López Obrador, el 1 de diciembre de 2018. Solo durante 2020 han sido asesinados cinco periodistas, lo que convierte a México en el segundo país más peligroso del mundo para la prensa, por detrás de Irak, donde se registraron 6 casos.

Desaparición del Faari, por opacidad en manejo de recursos: Anaís Palacios

Córdoba, Ver.- La eliminación del Fideicomiso a Víctimas de Desaparición afecta a cientos de familias que dependían de este recurso para continuar con la búsqueda de sus familiares, sin embargo a decir de Anaís Palacios Pérez, del equipo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C, la desaparición de este fondo es el resultado de un mal manejo por parte de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV).

La entrevistada consideró sumamente preocupante, la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (Faari) creado para la atención a víctimas, mismo que administra los recursos para las víctimas (no así para los colectivos) y era aplicado para las víctimas con reconocimiento a nivel federal y que habían sido afectadas por delitos como; desaparición, secuestro, ejecuciones extrajudiciales, víctimas de la delincuencia organizada.

Sin embargo, a su punto de vista, la desaparición de estos recurso se da básicamente a la poca claridad con la que se manejan los recursos destinados a las víctimas, ya que era manejado a través de autorizaciones y asignaciones que hacía la Comisión ya que durante mucho tiempo se hizo de forma discrecional y aún cuando se daba a las familias como apoyo de alimentación y transporte se hacía a destiempo o incluso no les llegaban.

Pese a ello, a gran parte de las familias que eran reconocidas a nivel federal lograban acceder a éste fideicomiso, de ahí que su extinción coloca en una mayor vulnerabilidad a estás personas. Como ejemplo citó, en 2016 se solicitó a la CEAV el apoyo para el pago de un peritaje independiente para la identificación de unos restos humanos, la solicitud se hizo en tiempo y forma pero la CEAV tardó cerca de año y medio para otorgar los recursos a la víctima y cuando llegaron los tuvo que devolver, así lo dió a conocer Anaís Palacios.

Estos retrasos e incluso la omisión en su entrega en algunos casos dijo, es lo que ha llevado a su extinción, lamentablemente, los más afectados serán las víctimas federalizadas y que con este recurso podían seguir buscando a sus familiares e incluso sobrevivir ya que varias familias se volvieron desplazadas tras ser víctimas de hechos como éste.

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