Política

Regreso a casa

octubre 24, 2020

El gobierno federal decide eliminar 109 fideicomisos y se desata la polémica en el Congreso no solo por parte de los opositores, sino de los propios aliados. Al final se toma la decisión dividida de liquidarlos y lo que queda por hacer es instrumentar la decisión.

La variable determinante detrás de la decisión de liquidarlos es la discrecionalidad con la que se manejaron durante décadas desde su explosión en los años 70, además su secretismo, toda vez que están regidos por la Ley Bancaria.

Ése es el gran tema de los fideicomisos: la secrecía. Consecuentemente, la discrecionalidad. No es el único instrumento de transferencia de recursos públicos a privados, pero bebederos escolares de 150 mil pesos por pieza y una durabilidad de apenas dos años, o los Juegos Centroamericanos en manos de Javier Duarte, no solo sin estadios completos, sino con la desaparición de la friolera de 40 por ciento del dinero destinado a los Juegos. Casi imposibles de verificar por el secreto bancario; o las transferencias a Josefina Vázquez Mota para una fundación con sede en Estados Unidos más caras que los estudios de las opticas de los satélites en México.

Durante años se ha debatido el tema. Nunca, sin embargo, se ha discutido si el dinero público trasladado a los fideicomisos es de interés público nacional o no. Fuera del performance de los senadores panistas tirándose literalmente al piso, lo cierto es que la figura del fideicomiso socava el derecho del público gobernado la posibilidad de saber en qué y cómo se gasta el dinero público.

El universo de proyectos que obtienen recursos por vía del fideicomisos es inmenso, variado y carente de un concepto rector cientìfico y tecnológico que valide el interés público de los financiamiento. Luego la miscelánea de las desviaciones es variada y millonaria. Vamos, que se necesita cinismo para destinar recursos públicos de un país pobre a empresas privadas para invertir en investigaciones de estricto interés privado. Cómo el mejorar el crujido de comidas chatarra industrializadas. Barcel y Chetos, Kimberly Clark o contratistas privados que hacían edificios o construcciones con propósitos distintos a los que se habían previamente definido. Entre otros ejemplos.

Con base en la Ley Bancaria se defendía la secrecía, cosa muy distinta a la confidencialidad y, desde luego, a la privacidad.

Por otro lado, la Suprema Corte ratifica la suspensión definitiva de las reformas derivadas del diagnóstico de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que tenía la intención de corregir el sentido de la Reforma Energética de Peña Nieto, pero el presidente López Obrador advirtió que de no hacerse tales modificaciones en el sector eléctrico, pues igual está el recurso de hacer una reforma constitucional.

Lo que crispó la tranquilidad y buen sueño de más de uno que tenía intención de invertir privadamente en el sector energético. Los ex presidentes y sus plataformas, o los pretensos productores privados de energía eléctrica, por ejemplo. Pretensos posibles por la privatización velada en el desgobierno de Peña Nieto.

Hoy, el Estado mexicano está completamente inmerso en remontar el desmantelamiento neoliberal y de regreso al Estado de bienestar. Dependerá de la voluntad sumada de los ciudadanos individuales recuperar y defender el sentido del Estado Mexicano de bienestar, contra el Estado neoliberal.