Política

FALANGES: Entre la justicia y la impunidad: los casos de Cienfuegos, Lozoya, Duarte...

octubre 20, 2020

¿Cuál es el problema del Estado Mexicano y del gobierno actual? El Estado es un sistema de instituciones de poder público, cuya finalidad es encauzar la conducta de las personas en sociedad, mediante dispositivos que actualizan el sistema de normas. Se imponen mediante dispositivos y ejercicios de poder coactivo. El límite del Estado es la dignidad humana. En México está determinada por el bloque de constitucionalidad, en lo formal es garantista y pro-derechos humanos.

Hay al menos tres casos de dominio público que evidencian la debilidad del Estado Mexicano en su diseño institucional, y la impericia política y jurídica del gobierno: Cienfuegos, Lozoya, Duarte de Ochoa...

1) La detención del ex-secretario de la Defensa del sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Zepeda "el Padrino" en el aeropuerto de Los Ángeles, California, EEUU, este 15 de agosto por orden de la Corte de Justicia de Nueva York, por presuntos delitos de: conspiración, narcotráfico y lavado de dinero, producto de una investigación de 10 años hecha por la Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de EEUU.

Hay señalamientos de corrupción sobre Cienfuegos. En marzo de 2018, Sebastián Barragán publicó en Aristegui Noticias que la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el tiempo en que Cienfuegos era su titular, construyó la barda perimetral del hoy cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, mediante un contrato que encareció la obra 89% usando dos empresas fantasma. El proyecto estaba proyectado en mil 547 millones de pesos, y llegó a 2 mil 930 millones de pesos.

El caso Tlatlaya, Estado de México, con 22 muertes, de las cuales 15 fueron ejecuciones, el 30 de junio de 2014; y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, están asociados a Cienfuegos. Esto obra en expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es de dominio público.

2) Emilio Lozoya Austin el ex-director de PEMEX, extraditado de España en este 2020, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y fraude. Flagrante y dolosamente se omite el de delincuencia organizada. No está en prisión por los casos notorios y confesos de corrupción en los que participó, en relación a los sobornos para la aprobación de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, aunado al caso Odebrecht y al financiamiento ilegal de la campaña electoral presidencial de Peña Nieto.

El 22 de diciembre de 2016 CNN en Español señaló que el Departamento de Justicia de EEUU, junto con 10 países de América Latina, investigaba a la constructora brasileña Odebrecht por sobornos a presidentes, ex-presidentes y funcionarios del gobierno de Angola, Mozambique, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

El informe del Departamento indica que entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos para asegurar una indebida ventaja e influenciar a fin de obtener y retener negocios.

3) Javier Duarte de Ochoa, ex-gobernador de Veracruz, a quien un tribunal federal confirmó la condena de 9 años de prisión, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Cuando es obvio que es delincuencia organizada.

La magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas al inculpado. Según la jueza, las pruebas ofrecidas por la entonces Procuraduría General de la República fueron suficientes e idóneas para probar que Duarte participó en un entramado criminal de empresas fantasma y ratificar la condena impuesta desde 2018. ¿Y la reparación del daño?

En estos tres casos, como en cual quiera en el que se dañe el patrimonio o erario público, la victima/ofendido es el pueblo. Toda victima tiene derecho a: 1) A la verdad, que es esclarecer los hechos, cosa que no ha ocurrido; 2) A la justicia, que se castigue al delincuente, la impunidad es oprobiosa, 3) A la reparación del daño, recuperar lo robado, cosa que no se ha dado, y 4) Garantizar la seguridad de las víctimas u ofendidos, es notoria la debilidad institucional contra la corrupción.

Esta exigencia es una obviedad en un régimen democrático de derecho y tiene su fundamento en el bloque de constitucionalidad y de forma puntual en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 109 que versa sobre los derechos de la víctima u ofendido.

El Estado Mexicano tanto en su dimisión política como jurídica está obligado a garantizar la progresividad de los derechos humanos en los tres poderes, en sus niveles, dependencias e instituciones. Por tanto verdad, justicia, reparación del daño y protección de víctimas son imperativos democráticos de derecho el marco de competencias.

La secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, dolosamente omitió la exigencia política-jurídica de la reparación del daño, ella es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y obviamente lo sabe, ¿no es corrupción?

La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, no ha hecho lo conducente para exigir a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República y al poder Judicial Federal, se repare el daño.

El caso de Cienfuegos en relación a las ejecuciones extrajudiciales es plena impunidad. La libertad con brazalete electrónico y privilegios de Lozoya siendo notorio su culpabilidad y que es un flagrante caso de delincuencia organizada de orden internacional es impunidad.

La omisión de Rosario Piedra Ibarra y su mutismo en los casos señalados de corrupción y desfalcos a la hacienda pública y de sus implicaciones con violaciones de derechos humanos, la muestra omisa de la progresividad de los derechos humanos de la víctima y su dicho de defensora del pueblo es una farsa. También es evidencia el acto doloso de las fiscalías y del poder judicial ante la omisión a la reparación del daño.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no actúa en términos de la progresividad de los derechos humanos de las victimas, que es el pueblo. Ante el daño patrimonial no hay la reparación del daño.

En el caso de Duarte de Ochoa, las instancias estatales en los tres poderes, la Fiscalía General de Veracruz y de la Comisión Estatal de Derecho Humanos presentan las mismas corruptelas que adolece el nivel Federal. ¿De qué sirve la pena ridícula contra Duarte si hay chicaneadas para la no reparación del daño?

En el caso de Cienfuegos, que fue investigado en México en el propio sexenio de Peña Nieto, o el caso de Genaro García, Luna ex-secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón, en proceso penal en la Corte de Nueva York; es obvio que el decomiso y confiscación de propiedades y recursos financieros quedaran en poder del gobierno de EEUU, y ¿en México y Veracruz habrá reparación del daño?

¿Si se hubieran procesado casos como Cienfuegos y García Luna en México la Fiscalía General de la República habría integrado las carpetas de investigación de acuerdo a la verdad, la justicia, la reparación y a la protección de víctimas o hubiera sido un caso como Lozoya o Duarte?, ¿La justicia federal habría actuado conforme a la progresividad de los derechos humanos del pueblo?

De poco sirve un aparato estatal y un diseño institucional que omite la reparación del daño, violentando la progresividad de los derechos humanos, vulnera el derecho del pueblo en condición de víctima y otorga privilegios a traidores de la patria.

Así, el problema del Estado Mexicano y del gobierno actual es la debilidad del diseño institucional de la justicia y la impunidad de los delincuentes favorecida desde el dolo y la ineptitud. En fin, ¿usted qué opina?...

lmaury_cruz@hotmail.com