Política

Correo del lector

septiembre 24, 2020

FGE pone en riesgo a madres trabajadoras

A La Jornada Veracruz:

Somos un grupo numeroso de madres trabajadoras que prestamos nuestros servicios en la Fiscalía General del Estado y que solicitamos de su medio sea publicada la siguiente denuncia, en el entendido de que dadas nuestras necesidades para conservar nuestro empleo pedimos se nos apoye guardando discrecionalidad con respecto a nuestras identidades.

Queremos denunciar públicamente que en la Fiscalía General del Estado y por instrucciones de la titular Verónica Hernández Giadáns, a partir de la semana en curso se nos ordenó regresar a nuestros horarios habituales, como si la pandemia ya hubiera dejado de ser un peligro para la vida.

Es una total incongruencia porque mientras la SEP está protegiendo a los alumnos de un posible contagio de covid-19, al establecer la obligatoriedad de las clases vía televisión, la fiscal Verónica Hernández Giadáns orilla a que las madres de familia acudan a sus empleos con sus hijos, ¡exponiéndolas a ellas y a los menores a posibles contagios, al no tener dónde resguardarlos precisamente por cuidar de su integridad física y su derecho de acceso a la educación!

En la FGE se ignoran los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por el gobierno federal, el cual indica que las empresas y centros de trabajo tienen que "apoyar a las mujeres trabajadoras, toda vez que siguen siendo ellas las que mayoritariamente se encargan de la supervisión escolar en casa". Hay un programa de retorno a la normalidad laboral en el que se especifica que "durante los niveles de alerta máximo, alto y medio, se deberá apoyar a las mujeres trabajadoras", tal cual es el caso de la entidad veracruzana, que encuadra en el documento emitido por las secretarías de Economía, Salud y Trabajo, y el IMSS.

La propia Ley Federal del Trabajo contempla una opción legal para dejar de ir presencialmente al centro de trabajo. Esta alternativa se añadió a la ley en 2012 después de la contingencia sanitaria por la influenza AH1N1, y que señala una causa de fuerza mayor como es la de no tener a alguien que cuide a los hijos mientras los padres trabajen, derecho protegido por el artículo 4° de la ley mencionada.

Esa es una situación que aplica a las madres trabajadoras de la FGE, ya que al no disponer de los medios y recursos necesarios para dejar al cuidado a los hijos menores, la fiscal (siendo madre de familia) nos está orillando a incurrir en un delito de omisión de cuidado y a potencialmente favorecer contagios masivos en los centros laborales.

… ¡Vaya procuración de justicia!

Y ahora, quién podrá resolver dicha situación, ante la que hoy se están haciendo omisas las autoridades veracruzanas y los principales afectados son las familias veracruzanas.

¿Dónde está la aplicación de los derechos de los niños, y entonces el nombre de niñas, niños y adolescentes que lleva la Fiscalía encargada de esos asuntos? Solo es para imagen, porque justo ahí es donde hoy se están menoscabando dichos derechos.