El desarrollo sostenible y el progresismo en México
septiembre 02, 2020 | Rafael de la Garza Talavera

A nadie parece sorprender la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A menos de un mes de que se hiciera pública su oposición a la importación de glisofato –lo que originó la protesta del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos y el súper asesor de la presidencia Alfonso Romo, conspicuos representantes locales del agronegocio– la salida de un destacado estudioso del medio ambiente en México confirma, una vez más, que la protección de la biodiversidad y la salud de la población no está por encima de la sed de ganancias de las trasnacionales.

Resulta muy útil para la afirmación que abre este texto, destacar la declaración del entonces secretario de la Semarnat, la cual detonó todo el sainete a principios de agosto: "no podemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutales… [la defensa del ambiente] no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente".

Ya desde la publicación del famoso Informe Bruntland en 1987, quedó claramente planteado el conflicto entre el modelo de desarrollo capitalista y las consecuencias negativas crecientes para el planeta. A partir de ese momento se definió la contradicción evidente que resulta de la codicia que vive siempre en el presente y la posibilidad de un futuro digno para las generaciones venideras: "Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible para asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias".

Sobra decir que la mayoría de los estados miembros de la ONU acató, de los dientes para afuera, las conclusiones del informe. En México, en 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y un año después debutó la Comisión Nacional del Agua; en 1994 surgió la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, antecedente directo de la Semarnat. El discurso político integró los conceptos básicos de la protección del medio ambiente e incluso cobró fuerza un partido familiar, el Partido Verde Ecologista de México, fundado en 1986.

En el contexto internacional, las cumbres ambientales fueron ganando terreno. En 1992, la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro concentró a buena parte de las organizaciones ambientalistas del mundo y asistieron además las representaciones oficiales de 172 países con la intención de formular acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. Al igual que la fábula del rey desnudo, todos los participantes oficiales omitieron señalar la gran contradicción: las buenas intenciones del discurso político frente al poder económico, financiero, mediático y político de las corporaciones internacionales dedicadas al agronegocio.

Así las cosas, insisto, a nadie sorprende la salida de un servidor público que le puso cara al lobby conformado por empresas como Monsanto, Carhill, Tyson y muchas más, que a lo largo de las últimas décadas se han fortalecido gracias a las concesiones otorgadas por los gobiernos alrededor del mundo, sean de izquierda o de derecha. La llegada del AMLO a la presidencia de la República Mexicana suscitó esperanzas para algunos, pero a dos años de su gestión no cabe la menor duda de que el gobierno autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) no tiene la menor intención de modificar la tragedia ambiental ni sus efectos.

Y es que el deterioro de la biodiversidad afecta directamente a millones de campesinos y pueblos originarios, no sólo por el deterioro de su calidad de vida a consecuencia del consumo de alimentos con alto contenido de sodio y potasio, derivados de organismos genéticamente modificados y rociados por toneladas de químicos, como el glisofato, para aumentar la productividad. Habrá que sumar el despojo de tierras y semillas cultivadas y desarrolladas por miles de años así como el desprecio o apropiación sistemática de saberes ancestrales, según convenga al capital; los asesinatos selectivos de defensores del medio ambiente, empleando a paramilitares y crimen organizado para atemorizar a la población e imponer los grandes proyectos de inversión del agronegocio.

Los proyectos desarrollistas o progresistas como el mal llamado Tren Maya, el canal transítsmico e incluso el nuevo aeropuerto internacional son sólo la punta del iceberg de la dinámica económica del gobierno federal. Aunado a ellos están la minería a cielo abierto, la intensificación de las maquiladoras, los proyectos turísticos e hidrológicos. Al final lo que queda en evidencia es que, al igual que con la pandemia en la que estamos inmersos, el proyecto económico del gobierno en turno coloca claramente al capital y sus ganancias por encima de la vida de la población.

Y si, al igual que con la renuncia de Víctor Toledo, el camino elegido para el desarrollo económico por la 4T… tampoco sorprende.

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