Política

En Veracruz, dos ejecuciones extrajudiciales de 2019 a 2020, según informe de tres ONG

agosto 26, 2020

Del 2006 a mayo de 2020 hay trece defensores de derechos humano desaparecidos en el estado de Veracruz, dos ejecuciones extrajudiciales y dos violaciones de derechos a dos profesores, de acuerdo con el 9° Informe, "Defender los DH en México, la Impunidad que no termina" realizado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

En informe da cuenta de las cifras de personas, organizaciones y comunidades que, por ejercer o defender uno o varios derechos humanos, fueron agredidas, detenidas de manera arbitraria, encarceladas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas de manera forzada.

A lo largo de los 12 meses que abarca el informe, ACCUDEDH nos indica que hubo 107 eventos de VDH en contra de personas defensoras de DH, documentados por el Comité Cerezo México hubo 249 actos de detención arbitraria. En esta ocasión el uso de la detención arbitraria muestra un aumento en el número de víctimas del sexo femenino y en el número de víctimas que no pertenecen a grupos indígenas. Además, en ese mismo periodo de tiempo, 9 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial; y 4 personas fueron víctimas de desaparición forzada.

En el estado de Veracruz en 14 años, se registraron 13 desapariciones de defensores de derechos humanos, con estos hechos, la entidad ocupa el cuarto lugar, después de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Entre otras violaciones de derechos humanos, se contemplan dos agresiones ocurridas el 3 de marzo de este 2020 en contra de profesores integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Como en años anteriores, Guerrero es el estado que sigue ocupando el primer lugar con casos documentados de ejecuciones extrajudiciales, ahora, con tres documentadas; le siguen Veracruz y Oaxaca 2 casos cada uno; y Chiapas en donde se documentó una ejecución extrajudicial en contra de una persona defensora de derechos humanos. Las cifras nos dicen que la tendencia del uso de este mecanismo de represión política en contra de las personas defensoras de derechos humanos disminuye notablemente en todo el país, lo que supone un cambio importante con respecto a los sexenios anteriores.

El 9 ° informe señala que en el anterior informe se mostró que en los últimos seis meses del periodo de Enrique Peña Nieto se mantuvo una fuerte preferencia (igual que en su sexenio) del uso de la policía estatal como perpetradora de las detenciones arbitrarias; mientras que en los primeros seis meses de AMLO esta tendencia se consolidó con 97% de casos de detenciones arbitrarias que tenían como perpetrador a la Policía Estatal. En el periodo que abarca este informe las policías estatales y de la Secretaría y Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSPCDMX), suman el 48%. Esto quiere decir que se diversificó el uso de perpetradores, pues a la policía estatal se suma un uso más alto de policías municipales y de la SSPCDMX.

La disminución del uso de estos mecanismos de represión política, así como la documentada disminución de su uso para beneficio del Gobierno Federal está muy lejos de ser suficiente ante lo que el pueblo organizado necesita luego de los dos sexenios anteriores en que se lanzó una guerra en contra de todo aquel que se organizara para defender la vida digna. Como se muestra en las conclusiones de cada uno de los apartados de este informe, el Gobierno Federal ha desplegado también una estrategia de omisión ante las graves VDH del pasado inmediato y una política de simulación para con los derechos a la Memoria, Verdad y Justicia de las víctimas que, al menos de 2000 a 2018 sufrieron graves VDH, al mismo tiempo que despliega un discurso que justifica su omisión ante las graves VDH que, justo ahora mismo, se cometen en estados y municipios que están en manos de gobiernos no emanados del partido Morena, pero también ante las excepciones de estados como Chiapas en donde gobierna Morena.

También sostienen que el discurso del perdón y de no voltear al pasado, aunque suena esperanzador, tampoco debe ser usado para impedir el derecho humano a la Justicia, a la Memoria, a la Verdad y a la Reparación Integral del daño de las víctimas de la violencia política estatal actual y del pasado, de lo contrario, el Gobierno Federal está o sigue dando carta blanca a los emisarios del pasado, hoy vestidos del color de Morena, para que en completa impunidad sigan cometiendo graves VDH de los mexicanos y de los más pobres.

La disminución de comisiones de graves violaciones de derechos humanos en contra de las personas defensoras implica un cambio positivo en general; la simulación, la mantenida omisión y la falta de compromiso con graves violaciones ocurridas fuera de su periodo de mandato e incluso dentro de él pero en estados donde el Gobierno Federal excusa no poder intervenir es, a fin de cuentas, una forma callada y silenciosa que también perpetúa la impunidad, esa sombra oscura que, como hemos insistido informe tras informe, es el caldo de cultivo que permite que las graves VDH documentadas sigan ocurriendo en contra de las personas defensoras de los derechos humanos.