Política

Se unen contra megaproyectos de AMLO

agosto 10, 2020

El corredor transístmico Coatzacoalcos-Salinas Cruz es uno de los 100 proyectos que se pretenden implementar en Veracruz y uno de los tres más importantes del gobierno actual, sin embargo, redes de resistencia y rebeldía, colectivos, organizaciones y personas adherentes a la sexta declaración de la selva rechazan estos megaproyectos y se unieron en la "acción global contra los Megaproyectos", que se llevó a cabo en el Totonacapan, en donde dijeron que en tiempos de pandemia siguen despojando a los pueblos del Totonacapan.

Entre los proyectos que hay en Veracruz, dijeron que son hidroeléctricas con diversas afectaciones, incremento de la explotación de hidrocarburos a través del fracking, cambios de uso de suelo para los monocultivos y las granjas de animales a gran escala, la ampliación de los reactores de Laguna Verde, los proyectos de minería.

Pero que éstos no son aceptados y reiteran que están en contra del despojo y los proyectos de muerte en la "acción global contra los Megaproyectos" realizada del 02 al 09 de agosto por los pueblos, "manifestamos nuestro rechazo a la imposición de proyectos de muerte en todo el país, y nos hermanamos a la lucha de los pueblos mayas en contra del tren espurio mal llamado maya, nos hermanamos a la lucha de los pueblos del Istmo en Oaxaca y Veracruz que resisten dignamente a la muerte hoy disfrazada de proyectos de supuesto desarrollo".

Los asistentes se solidarizaron contra los despojos de tierras y aguas, con quienes resisten a la imposición de siembras de semillas modificadas y transgénicas; de quienes buscan a sus familiares desaparecidos, con pueblos comunidades, colectivas que luchas contra las violencias, con las guardianas y guardianes del territorio, con las cuidadoras y cuidadores, con las sanadoras y sanadores, con las y los protectores de los conocimientos de las abuelas y los abuelos, con las buscadoras y buscadores de desaparecidos.

Señalaron que los empresarios proponen muerte, llaman desarrollo al etnocidio y a la aniquilación de la vida, ellos llaman desarrollo a las violencias sobre nuestros derechos y sobre la vida, llaman desarrollo al capital que pretende devorar, despojar y acabar nuestra gran riqueza, nuestra diversidad, nuestra historia milenaria y nuestras maravillosas identidades de pueblos originarios.

Las comunidades del Totonacapan, que son parte del Congreso Nacional Indígena, se comprometen a seguir defendiendo y cuidando el territorio, "ni los dueños del capital, ni los gobiernos, ni sus narcos y policías son dueños del territorio que nos cobija. Denunciamos que por muchos años en las huastecas y en totonacapan han depredado el territorio con proyectos de exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, antes fue Pemex, ahora son decenas de empresas privadas, nacionales y trasnacionales, que enferman nuestras tierras, que las degradan, que las contaminan, que roban nuestra agua, que ensucian con derrames nuestras parcelas, manantiales y arroyos. También los gobiernos y sus policías y narcos han vestido de luto a nuestras comunidades".

Denunciamos que los gobiernos y las empresas siguen despojando a nuestros pueblos de sus tierras para introducir ductos de hidrocarburos o gasoductos, ya hay cientos de pozos en el totonacapan realizando fracturación hidráulica, aunque en las mañaneras se simulan declaraciones en las que supuestamente ya no se permite la técnica de fracking.

En estos tiempos de pandemia el capital sigue explotando los yacimientos de los pozos de hidrocarburos en el totonacapan, los huachicoleros siguen robando hidrocarburos y gas, el crimen organizado o autorizado, sigue asesinando, secuestrando o desapareciendo a las y los jóvenes en el Totonacapan.

Orta, entre los ex funcionarios que busca la FGR por desvíos

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de las extintas Policía Federal (PF) y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por su presunto involucramiento en desvío de recursos y adquisiciones con sobreprecio en el periodo 2012-2018. Entre los imputados se encuentran los ex secretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, este último hasta hace unos meses se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer el monto de los recursos que presuntamente fueron desviados, pero en la investigación de la FGR se integraron los resultados de las revisiones que practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas 2017 y 2018, en las que se detectaron irregularidades en la Policía Federal por más de 10 mil millones de pesos.

Funcionarios judiciales informaron que la carpeta de investigación fue integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y en su solicitud responsabiliza a los ex funcionarios de haber cometido delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos considerados graves y por los que, en caso de ser detenidos, no tendrían derecho a libertad condicional o bajo fianza.

La indagatoria se inició en 2019 por una denuncia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –que sustituyó en esta administración a la CNS–, al detectar irregularidades en adquisición de vehículos, uniformes, armas y tecnología para las divisiones de la extinta corporación federal, hoy convertida en Guardia Nacional.

La ASF señaló que la revisión de la cuenta pública 2018 detectó irregularidades en la Policía Federal, entre ellas agentes comisionados a operativos que no se implementaron, viáticos entregados sin sustento documental y adquisición de programas y equipos a través de asignaciones directas con costos superiores a los fijados por empresas especializadas.

Sistema de inteligencia

Se descubrió la compra de un sistema de inteligencia conocido como Rafael, usado para el análisis, diseño y acopio de información de inteligencia, por el cual la PF pagó 2 mil 458 millones de pesos, cuando su valor en el mercado era de alrededor de 500 millones de pesos.

Se detectaron omisiones en otros ejercicios fiscales, como en la auditoría a la cuenta de 2017, en la cual hallaron deficiencias en la operación y supervisión de los recursos ejercidos en los servicios de hospedaje, alimentación y apoyo logístico en despliegues táctico-operativos, toda vez que se efectuaron pagos por 8 mil 108 millones de pesos sin haber contado con la evidencia documental de dichos gastos.

No se ha confirmado que el juez al que se le solicitaron las órdenes de aprehensión contra 19 personas las haya concedido. Por otra parte, en los juzgados de amparo de la Ciudad de México, Hidalgo y el estado de México no se ha reportado la presentación de algún recurso de protección en favor de los imputados.