Política

Militancia reaccionaria y medios de comunicación

julio 23, 2020

A toda transformación, siempre habrá una reacción. Del empuje de la primera, de su fuerza y alcance, dependerá en todo momento la fisonomía de la segunda. Ante el desmantelamiento del pacto de impunidad en México, el naufragio moral del viejo régimen se ve acentuado por la incapacidad material que tienen sus actores para construir incentivos económicos en función de un presupuesto ya no está bajo su control. Esto es, derrotados en el plano ideológico, carecen también de los instrumentos con los que por décadas cimentaron las bases de su entendimiento político, coaccionando voluntades o comprando complicidades, siempre desde un ejercicio discrecional del recurso público. La corrupción como nodo articulador.

Así, sin ningún tipo de base social, repudiados por una ciudadanía que hace tan sólo dos años los colocó en su justa dimensión electoral, la reacción depende hoy única y exclusivamente de aquellos portavoces del pasado que todavía abundan en los medios de comunicación tradicionales, igualmente desesperados y añorando el retorno de las canonjías que por tanto tiempo usufructuaron. Si tuviéramos que señalar tan sólo uno de los muchos elementos que hoy acreditan la profunda transformación de régimen político que se encuentra en curso, bastaría con mencionar la drástica reducción de financiamiento público a los medios de comunicación para explicar tanto las motivaciones antidemocráticas de la oposición como el afán de lucro de quienes los defienden con denuedo desde la televisión, la radio y los periódicos.

El viejo régimen, entendido como la asociación de un grupo de actores que de manera efectiva construyó un andamiaje jurídico e institucional acorde a sus propios valores e intereses, consolidó su cohesión interna a partir del traslado de bienes de la nación a beneficiarios específicos, y los posteriores réditos económicos que esto le generó a todos los involucrados. Afianzado ya como proyecto político, modificando la Constitución para ceder rentas monopólicas del estado o para abrogar cualquier dique institucional que entorpeciera el enriquecimiento de la camarilla, el pacto de impunidad se sostuvo entonces por el manejo arbitrario de las instituciones, particularmente de las instancias encargadas de procurar e impartir justicia, para garantizar la permanencia y vigencia de sus operadores.

Dentro de este marco de entendimiento, donde el elemento aglutinador era por supuesto la ganancia económica que cada uno de ellos obtenía, el pago de miles de millones de pesos a los medios de comunicación, bajo el concepto de publicidad oficial, era una continuación natural de esa lógica de enriquecimiento obsceno desde el erario, además de la apuesta del viejo régimen por construir una narrativa hegemónica que defendiera el orden establecido. Esto, y el desvío de recursos públicos para corromper autoridades y comprar conciencias cada coyuntura electoral, eran en última instancia los dispositivos más afinados que el pacto de impunidad mantuvo hasta el final buscando garantizar su sobrevivencia política.

Esta dinámica, más allá del desfalco sistemático que le significó al pueblo de México, y que hoy en buena medida prohíja las carencias más elementales en sectores fundamentales como el de la educación o el de la salud, generó además un estrangulamiento del oficio periodístico como tal. A la par de una agraviante inequidad al interior de los mismos medios de comunicación, donde el dueño y los directores se daban vida de reyes mientras la mayoría de la plantilla sufría de bajos salarios y precarización laboral, se consolidó también un modelo de propaganda oficial que, en nombre del periodismo, suprimió la generación de información objetiva -de utilidad social y fundamental para el robustecimiento democrático-, en aras de posicionar políticamente al régimen del cual eran parte esencial.

Más allá de algunas honrosas excepciones, el estado actual del periodismo nacional habla por sí sólo. En México el periodismo no investiga, en México el periodismo opina. Y son esos, los opinólogos, con el claro sesgo al que los orilla la pérdida de sus cuantiosos beneficios, los que hoy asumen la vergonzosa defensa de un añorado retorno al pasado. El gobierno de la Cuarta Transformación ha reducido en un ochenta por ciento las partidas oficiales de publicidad. En el Sexenio de Peña Nieto esa partida rebasó los 60 mil millones de pesos, sin contar la cifra negra, que se estima incluso mayor. Este dato, la reducción del chayote institucionalizado, basta para desnudar las verdaderas motivaciones detrás de la virulencia y diáfana sincronía con que las plumas de alquiler difaman recalcitrantemente a la actual administración.

Son pues, los medios de comunicación mercenarios, por conducto de sus voceros más acuciosos, quienes despuntan hoy como vanguardia operativa de la militancia reaccionaria. Paradójicamente, por los claros intereses que defienden, sus esfuerzos no hacen más que profundizar la claudicación moral del viejo régimen.