Política

Optimismo, razones

julio 13, 2020

El lunes de la semana pasada, el gobierno mexicano recibió de la embajada norteamericana en México la respuesta a una petición que tenía poco más de dos meses de haberse elaborado: información desagregada del fiasco "Rápido y Furioso", que la administración de Felipe Calderón autorizó junto con el departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego. Durante años, el ex presidente Calderón ha negado haber tenido conocimiento previo del caso. Con base en ello, el gobierno de Peña Nieto evadió toda posible responsabilidad. Tal eventualidad es punto menos que imposible y, si así hubiera sido, tampoco sustrae de responsabilidades a Felipe Calderón porque, por omisión, habría permitido a agencias y agentes norteamericanos actuar en territorios nacional en algo que ponía en peligro a los mexicanos. Como sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Villas de Salvárcar, cuando en enero de 2010 varios estudiantes de educación media superior fueron asesinados en una fiesta. El hecho es conocido como la masacre de Villas de Salvárcar.

Si el presidente Calderón ignoraba como dice la existencia del operativo, la responsabilidad es terrible y debe ser obligada y totalmente aclarada. No sólo en cuanto a la responsabilidad del ex presidente, sino la de todos los funcionarios que participaron en las acciones. Pero que el presidente Calderón no hubiera estado apercibido de lo que iba a suceder no lo exime de responsabilidad, porque faltó al mandato de respetar y hacer cumplir las leyes mexicanas, aun y cuando bajo esta eventualidad no hubiera el ex presidente actuado de mala voluntad.

No es el caso. Calderón estaba advertido y permitió que agencias y personal norteamericano actuaran con libertad en territorio nacional. Calderón sabía del operativo y lo permitió, independientemente de las funestas consecuencias que él sabía que tendría para la vida de los gobernados que habría jurado proteger. Y eso es traición a la patria. Único delito, bajo la actual configuración de las leyes, por el que se puede juzgar a un ex presidente.

Sin prisas pero, sobre todo, sin pausas, el gobierno federal ha ido ocupando con sus piezas las partes sustantivas del tablero. Tiene varias piezas del adversario inmovilizadas o bajo presión de ser tomadas, algunas otras las ha tomado ya, y a otras las ha neutralizado con eficacia, como en el caso de la renuncia de Medina Mora.

Hay indicios que sugieren fuertemente que, de a poco, se prepara un mega proceso judicial en México. En éste no sólo se juzgaría y castigaría en caso de probarse las faltas a más de un tomador de decisiones de las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, sino que el sistema de complicidades que suplantó al sistema político durante casi 40 años estaría aún más seriamente vulnerado de lo que ya estaba al principio de la administración. No poca cosa. Este peligro es lo que hace que en apariencia el país esté polarizado. No lo está, lo pareciera porque la alharaca conservadora tiene recursos para hacer ruido, aunque sus instrumentaciones sean penosas. La queja plañidera de varios gobernadores panistas para no sumarse al método de administración de la pandemia ha ocasionado que los contagios en sus entidades crecieran.

Al final del día, hay razones para esperar relativamente pronto la configuración de un maxi proceso legal que castigue y haga públicos los crímenes cometidos en las administraciones prianistas, esto es, de Fox a Peña Nieto.