Política

Salud pública, problema sustantivo para los mexicanos

julio 06, 2020

El problema en torno a la salud pública en nuestro país es de tal magnitud que no basta con señalar que México invierte poco y mal en ese rubro, sino que además, durante sexenios, esos recursos han sido botín de grupos poderosamente corruptores asociados con políticos inescrupulosos que amasaron cuantiosas fortunas en el mercado de las licitaciones públicas, las compras amañadas y el desvío y la simulación con la compra de medicamentos, cuyo caso más lastimoso y lesivo fue la inmoral compra de productos caducos para combatir el cáncer infantil durante el gobierno de Javier Duarte.

Luego de estas consideraciones y en el marco de la pandemia de la enfermedad Covid-19, es importante destacar la irracional política que gobiernos anteriores establecieron al invertir en salud pública. Resulta que, en proporción, el dinero que las gestiones federales de sexenios pasados destinaron fue incluso menor al que asignan países con desarrollo similar: los cerca de 1.2 billones de pesos que destina México equivalen a 6.2% del PIB. En los países OCDE, el gasto en salud promedia 9.6% del PIB y se expande más de lo que lo hacen estas economías.

Por si no fuera suficiente esa anémica disposición de recursos para ese efecto, la altísima y costosa burocracia que se estructuró anteriormente en el sistema nacional de seguridad social en México hizo que el dinero que se destinaba a tareas administrativas fuera tres veces más alto que el promedio de los países OCDE. Peor aún, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña que enlazaron y dieron continuidad a programas como el Seguro Popular, sólo consiguieron –sin efectos sustantivos en el campo estrictamente formal del mejoramiento de la situación de salud de millones de ciudadanos– que se duplicara la función de las instituciones. Así, en ambos periodos, más de ocho millones de mexicanos estaban afiliados al IMSS y, al mismo tiempo, al Seguro Popular (SP), mientras que 1.2 millones se encontraban dados de alta tanto en el Issste como en el Seguro Popular.

A la par, y de manera tramposa al crear condiciones de mal servicio público –en similar estrategia a la pauperización y falta de inversión gubernamental en la educación pública a fin de que cada vez más se optara por acudir a escuelas y universidades privadas, que en una masiva aparición ofrecían cualquier cantidad de ofertas educativas sin contar con los estándares de calidad necesarios para preparar a las futuras generaciones– se crearon las condiciones para fortalecer los servicios privados de salud, mecanismo que se estableció primeramente con la idea de la subrogación y la propuesta para que servicios privados complementen a las instituciones públicas. Hay una pregunta que se debió haber hecho hace años, en pleno auge de los gobiernos neoliberales: ¿el gobierno debe ser el que preste los servicios de salud o sólo debe pagarlos?, ¿debe privatizar hospitales y no sólo subrogar?

Por lo pronto, la pandemia ha obligado a una revisión y replanteamiento del sistema estatal de salud, medida que se aprecia de carácter urgente dado que a la par del Covid 19, las epidemias de enfermedades cardíacas, diabetes y obesidad se llevan más mexicanos a la tumba que el dichoso nuevo padecimiento.