Sociedad y Justicia

Emite la CNDH 48 propuestas para proteger derechos humanos de reos

julio 04, 2020

En la actualización del monitoreo nacional que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre COVID-19 en los centros penitenciarios del país, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso 5) ubicado en Villa Aldama, Veracruz, hay nueve casos confirmados, ocho casos sospechosos y dos decesos.

En los casos confirmados corresponden a muestras de pruebas realizadas en los Centros de Readaptación Social que existen en el país, en ellos se han detectado 678 casos confirmados acumulados y 161 casos sospechosos.

Ha habido 105 defunciones en los Ceferesos del país, se han registrado 31 defunciones en el estado de Baja California, 4 en el estado de Tabasco, 2 en Guerrero, 2 en el Estado de México, en Morelos, Hidalgo, Campeche, San Luis Potosí han registrado cada uno un muerto por Covid-19, estas muertes corresponden a casos sospechosos del coronavirus.

También la CNDH emitió un Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-COV2 (COVID-19) se centra en los ejes de acción: Obligación del Estado de adoptar medidas conforme a un enfoque diferencial y especializado; garantizar el derecho a la salud a través de dotar y suministrar hasta el máximo de sus recursos de todos los insumos médicos, humanos y de infraestructura hospitalaria en los centros penitenciarios.

Además garantizar una vida digna de las personas privadas de la libertad a través de la protección de los derechos a la alimentación, al agua y saneamiento, a una habitabilidad digna, reducción del hacinamiento y dotación de insumos de protección, higiene y sanitización desde un enfoque diferencial y especializado, a la separación de hombres y mujeres en los centros penitenciarios y a visibilizar las necesidades específicas de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados.

La CNDH emitió cuarenta y ocho propuestas específicas dirigidas a autoridades de los tres órdenes de gobierno a nivel nacional y local para que, en el ámbito de su competencia, realicen todos aquellos ajustes, modificaciones, lineamientos, protocolos, programas e incluso promulgación de leyes, que son imperantes y que deben ser adoptados de manera permanente conforme a un enfoque diferencial, especializado y con perspectiva de género, colocando en el centro de esas acciones, la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en especial de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad y de los que históricamente han sido discriminados.