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Inadecuada atención a víctimas en estados obliga a pedir ayuda a Comisión federal

junio 24, 2020

Al publicarse el Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 2020-2024, se señala que diferentes colectivos de víctimas, así como organizaciones de la Sociedad Civil, han mencionado que la falta de homogeneidad de los programas de política pública hay reivictimización y deficiencias en las instituciones, no se da atención en los estados del país y esto hace que un mayor número de víctimas de la violencia como la desaparición de personas, de los crímenes, recurran a la CEAV federal y no a sus comisiones estatales.

Durante los últimos años, tanto la Comisión a nivel federal como las estatales han atestiguado el pronunciado incremento en las demandas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral de las víctimas en México. Particularmente, las víctimas de desaparición, homicidio y secuestro encabezan los registros estatales y el federal. La experiencia, hasta este momento, ha demostrado que los modelos y mecanismos jurídicos inicialmente diseñados para proveer atención y reparación resultan insuficientes para hacer frente a la realidad.

En el Diario Oficial de la Federación, con fecha 17 de junio de 2020, se señala que hay una inadecuada atención a víctimas en las entidades federativas. Se encuentra una clara necesidad de sensibilizar al personal de las CEEAV para que se proporcione una atención adecuada, pertinente, con calidad y calidez, y se tengan las puertas abiertas al diálogo. Además, se considera indispensable fortalecer la vinculación con y entre las comisiones estatales para que éstas cuenten con la asesoría, el apoyo suficiente y con los recursos técnicos necesarios para homologar criterios de atención y consolidar sus procesos.

Revictimización en casos del fuero común: Se tienen señalamientos de revictimización e incluso discriminación, dado que sólo las víctimas del fuero federal pueden acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención que brinda la CEAV. Esto se ha percibido de esta manera debido entre otros factores, a que del hecho de acudir por ayuda a las CEEAV o estar inscritas en registros estatales de víctimas no se ha traducido en la mayoría de los casos en el acceso efectivo a medidas de ayuda, asistencia y atención en el ámbito local. Por lo que las víctimas buscan ser atendidas por la CEAV y por consiguiente requieren o demandan su inscripción en el REFEVI, aun cuando los hechos victimizantes que han vivido sean en estricto sentido competencia del fuero común, lo cual deriva una serie de circunstancias adversas para las víctimas constitutivas de actos revictimizantes.

Acompañamiento insuficiente: Se considera que el personal que brinda la atención no está capacitado, por lo que se propone destinar mayores recursos para contar con profesionales suficientes, capacitados y sensibilizados que proporcionen una atención y trato digno a cada víctima, atención que de manera particular considere las afectaciones psicosociales, emocionales y médicas, así como sus estrategias de afrontamiento, para que estén en condiciones de brindar una atención integral, que considere la verdad, memoria, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.

Procesos ineficaces para acceder a la reparación integral: De acuerdo con especialistas, la reparación no debe ser considerada una sustitución de procesos judiciales ni una solución débil ante la falta de justicia. Una política de reparación estandarizada debe ser vista como un proceso paralelo a la justicia y que de hecho puede fortalecer dichos procesos. Por eso, desvincular la reparación de sentencias judiciales es la vía más adecuada para lograr reparar masivamente.

Otros países han enfrentado las complicaciones que conllevan los contextos de criminalidad masiva, otorgando medidas de reparación dentro de sistemas de transición, que permiten reparar a grandes cantidades de personas : i) la vía judicial (la cual exige un nivel alto de convicción jurídica sobre los hechos y se trata en términos generales de reparaciones individualizadas); y ii) la vía administrativa, consistente de programas de reparación (los cuales exigen un nivel de prueba bajo, son estandarizados y hacen accesible la reparación a personas que no tendrían oportunidad de concluir un proceso judicial) capaces de captar y reparar a miles de personas simultáneamente.

Por otro lado, es importante señalar que uno de los grandes obstáculos que enfrenta la CEAV para poder plantear una política nacional de reparación estandarizada es sin duda la falta de "directrices de la verdad", legitimadas por una comisión de la verdad previamente instalada. Es decir, actualmente ninguna unidad administrativa de la CEAV cuenta con el apoyo de una comisión de la verdad oficial que defina el ámbito temporal, contenido y marco geográfico de la investigación, definiendo así la verdad que se va a documentar.

Candados para el otorgamiento de medidas de ayuda: Las y los integrantes de OSC y colectivos de víctimas expresaron su inconformidad con los trámites y gestiones administrativas que, en los hechos, hacen poco accesible la obtención de medidas de ayuda y asistencia.

No existe un seguimiento a cumplimiento de convenios. Después de reconocer la necesidad de suscribir convenios con las instituciones que brindan atención y asistencia a las víctimas, las y los participantes en las mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, expresaron la necesidad de dar seguimiento al cumplimiento de estos y que se consideren procesos administrativos para aquellos que incumplan. Asimismo, que en las entidades federativas exista el compromiso del gobierno estatal para formalizar convenios con instituciones federales, estatales y municipales, así como con OSC.

Por otro lado, en diversos espacios de participación y consulta se ha señalado la necesidad de reforzar la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil y colectivos de víctimas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos humanos y atención a víctimas. Lo anterior se destaca al considerar que su labor no es reconocida por las autoridades y, en muchas ocasiones se obstaculiza el trabajo de acompañamiento y participación de las víctimas en la etapa de investigación ministerial. Ello debido a la poca capacidad de respuesta de las instituciones de atención a víctimas ante las necesidades de atención primaria; esto se interpreta como ausencia de capital humano y de recursos que solventen la gran demanda de atención a víctimas de manera inmediata.