Política

Bienestar, el corazón de la transformación

junio 12, 2020

La dimensión social de la Cuarta Trasformación es amplia y contundente. Su centralidad programática, como vanguardia operativa del gobierno de la transformación, responde no solamente a postulados humanistas y consideraciones macroeconómicas de primer orden. La trascendencia de su ejercicio e implementación, como política de bienestar, radica también en la metódica y deliberada desarticulación de un régimen corporativo que por décadas lucró con la miseria de la gente, abonando así a la construcción de una nueva convivencia social donde se privilegie la armonía y la paz. Es pues, al tiempo de una reivindicación social histórica, la acreditación de una auténtica voluntad política transformadora.

La reforma al artículo cuarto de la Constitución, ocurrida apenas en abril de este 2020, a menos de año y medio de iniciado el gobierno de la Cuarta Transformación, constata hasta qué punto se han reorientado los intereses del Estado mexicano, situados ahora sí, finalmente, al servicio de una abrumadora mayoría. Esta reforma social, la más significativa de los últimos tiempos, sin duda alguna, avanza no solamente en el reconocimiento de derechos sociales, consagrados ya como preceptos de carácter constitucional, sino que también establece, en su misma redacción, cómo es que se garantizarán. Es decir, mecanismos concretos. Así, el Estado queda obligado a otorgar pensiones a todos los adultos mayores del país, así como a niñas y niños pobres con discapacidad, además de becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. En materia de seguridad social, la conquista es también histórica, garantizando el derecho a la salud de todos los habitantes del país, con atención médica y medicamentos gratuitos.

Se mantiene entonces que esta exitosa articulación de política social encuentra origen y sustento en distintos factores. El primero de ellos, estrictamente moral, responde a la solidaridad y empatía humana que un gobierno justo y democrático debe blandir siempre como eje rector de toda oferta programática. Distribuir equitativamente los saldos de la convivencia social, garantizando que todo ciudadano cuente con por lo menos los satisfactores básicos necesarios para vivir con dignidad, es la aspiración de un auténtico gobierno de izquierda. El primero en México desde Lázaro Cárdenas.

El segundo aspecto, que apuntala también la primacía de esta vertiente social dentro del proceso transformador, es estrictamente económico. Como el Presidente de la República ha mencionado –citando incluso el Plan Liberal de 1906, un documento político e histórico trascendental–, el alivio de los más desfavorecidos, las transferencias directas a los sectores más marginados, tendrá siempre como una consecuencia directa el fortalecimiento del gasto y consumo interno.

Quien dude de lo anterior, no tiene más que acudir a cualquier localidad la próxima ocasión que se lleve a cabo el pago de adultos mayores, o de Becas Benito Juárez, para atestiguar de primera mano hasta qué punto las economías regionales dependen de esta derrama directa de recursos. El titular de derechos que recibe una pensión o beca gasta ese dinero en su misma comunidad, vigorizando el comercio y generando empleo. Mucho más de lo que se puede decir, claro está, de las discrecionales e inmorales condonaciones fiscales a los grandes contribuyentes. Tan sólo en mayo de este año, 120 mil millones de pesos fueron dispersados directamente a los ciudadanos a través de estos programas.

Por último, para poder aquilatar el peso real de las políticas de bienestar en la profundización de la Cuarta Transformación, resulta obligatorio analizar el acelerado proceso de desmantelamiento del régimen corporativo que se ha iniciado a partir del reconocimiento de derechos. El sistema clientelar, que utilizando recursos públicos de manera sesgada y discrecional coaccionaba a los ciudadanos a votar por el partido gobernante, dividiendo comunidades enteras en función de colores políticos, se encuentra hoy en franca desarticulación como resultado de acciones específicas.

Desde la modificación del Código Penal federal, donde ahora se establece el uso proselitista de los programas sociales como delito grave, que amerita prisión preventiva oficiosa, hasta la dislocación de estructuras que medraban con la intermediación y el manejo de los fondos públicos, el tránsito de políticas sociales focalizadas e intermediadas a programas universales y directos significa una conquista histórica para el pueblo de México. Apenas va año y medio de acción gubernamental transformadora, pero aunque sea en este rubro, el de política social, el cambio se configura ya irreversible.