Política

El gobierno y la transformación

mayo 31, 2020

Quienes participamos activamente en la Cuarta Transformación defendemos el papel del Estado como auténtico promotor del desarrollo nacional. Esta reivindicación, además de manifestar una profunda convicción por democratizar todos los aspectos de la convivencia social, antagoniza enérgicamente con la lógica hegemónica, situando en esa contradicción el cambio de régimen y fin de época que hoy vivimos.

La premisa neoliberal de que el Estado debe fungir únicamente como facilitador, garantizando ciertas condiciones para que las fuerzas irrestrictas del mercado operen libremente, entraña como sustento ideológico la negación de la voluntad popular. Mantiene, como axioma programático, que toda actividad del sistema económico y financiero debe mantenerse al margen del mandato ciudadano, inmune al escrutinio público y exento de cualquier control democrático.

Este modelo injusto y antidemocrático, consolidado ya como hegemónico a nivel mundial, adoptó en México particularidades propias. Auspiciados por el consentimiento de la élite mundial, la clase política del viejo régimen trasladó los bienes públicos de la nación, rentas monopólicas del Estado incluidas a actores sociales específicos. La aglutinación de los activos productivos en muy pocas manos, de manera fraudulenta y a partir de privatizaciones concertadas, consolidó un pacto de impunidad donde los intereses de partidos políticos y barones del dinero se encontraban armonizados, al tiempo que definió la fisonomía del régimen expoliador y corrupto que hoy se encuentra en franca desarticulación. Esto, como asegura Andrés Manuel López Obrador, significó fincar la prosperidad de pocos en el sufrimiento de muchos.

Cuando ahora desde México se anuncia el fin del neoliberalismo, asumiendo el país un rol protagónico en la bancarrota neoliberal que lentamente se configura en el escenario mundial, son hechos concretos los que acreditan esta evolución política. Hoy el Estado democrático actúa con el compromiso de distribuir equitativamente, por los medios legales, el ingreso y la riqueza del país, acabando con las criminales condonaciones de impuestos a los grandes contribuyentes y persiguiendo como nunca la evasión fiscal. Así, con mayorías populares en las dos cámaras del Congreso, se avanza también en la construcción de un andamiaje jurídico que responda a la naturaleza democrática de este proceso histórico, poniendo candados constitucionales a la corrupción y la impunidad, además de consagrar derechos sociales como inviolables preceptos de carácter constitucional.

En año y medio el avance ha sido extraordinario, asegurando que el Estado promueva y encauce el desarrollo económico nacional, creando las condiciones no para que el mercado garantice el lucro de unos cuantos, sino para que la gente pueda construir su propia felicidad. Sin embargo, en esta coyuntura complicada, de pandemia y contingencia sanitaria, urge reflexionar objetivamente sobre el grado de penetración y arraigo social de la Cuarta Transformación. Hasta qué punto es lo que tenemos que valorar, las conquistas democráticas y sociales del pueblo de México se encuentran fuertemente cimentadas, o si por el contrario éstas podrían experimentar un retroceso como el que activamente buscan las fuerzas conservadoras y reaccionarias del país.

Cualquier ejercicio de esta índole debe partir de una realidad incuestionable: el alcance y permanencia del actual proceso histórico depende única y exclusivamente de la voluntad transformadora del pueblo de México. Es esa fuerza inconmensurable, inabarcable, la que hoy le da sostén a la revolución cultural que en última instancia representa la Cuarta Transformación. Es ese fermento social el que además sabrá hacerle frente a las inercias restauradoras y acometidas golpistas de actores que buscan defender sus privilegios en claro desafío a la voluntad general y el bien común.

El mayor riesgo que enfrenta la transformación, lo único que podría realmente socavar su solidez, llevándola al punto del colapso, sería confundir y menospreciar al verdadero sujeto histórico de este proceso. El gobierno no es el agente primordial de la transformación; es el Pueblo de México quien se erige como vanguardia de la transformación, como ente social capaz de transformar su propia realidad. No entenderlo, cometer este error conceptual, impediría culminar el proceso auténticamente transformador: la transferencia de poder a estructuras organizativas populares. Dividir el poder político del poder económico, para después entregarles ese poder a las comunidades. Construir de abajo hacia arriba, con la base de la pirámide social como actor protagónico.

El gobierno de ninguna manera puede sustituir al pueblo. El aparato administrativo del Estado debe, por lo tanto, focalizar sus esfuerzos en activar las potestades del ente colectivo para favorecer el proceso de empoderamiento del pueblo. Y es ahí, en el pueblo, afuera del gobierno, donde hoy urge más convicción y ánimo transformador. Donde la construcción de una nueva convivencia social se irá fortaleciendo.