Política

De la ideología "escondida" de México. Parte I

abril 29, 2020

El modo en que cambia la historia se da porque hay gente trabajando para eso y pone en marcha una movilización intelectual masiva con un objetivo. Por consiguiente, se vuelve importante no pasar por alto la reflexión sobre el posible impacto y los propósitos de exaltar conductas como el separatismo, cuyo nuevo impulso está siendo encabezado por gobernadores de la oposición contra el pacto federal mexicano, con argumentos muy parecidos a los de los líderes secesionistas de la Unión Europea, a quienes se asemejan también por culpabilizarla de todos los problemas para recusar responsabilidad sobre las crisis.

Claro que hablar de política para muchos es poco interesante, pero eso deriva de la estrategia mediática de dominación vigente. Forma parte de lo que Noam Chomsky llama "manufactura del consentimiento", o sea, la imposición y consecuente adopción de una línea de pensamiento a través de lo que se constituye como propaganda política –que no electoral–, que no es sino un sesgo informativo orientado a los sectores más o menos educados y de niveles económicos medio y alto, quienes pueden respaldar una determinada postura y por tanto tienen cierta capacidad de influencia política. Ese es el target. Por su parte, los más pobres ya están dominados por el hambre y otras carencias, y estarán teóricamente dispuestos a favorecer cualquier propuesta que les resuelva sus necesidades inmediatas.

Entonces, a este sector apela la campaña que intenta fomentar la idea de que el feudo-federalismo redivivo con figuras de estilo autoritario e intolerante como El Bronco o Enrique Alfaro, es una moneda de cambio natural en una democracia, necesariamente la embrolla más en la rampante polarización que atribuyen en forma exclusiva al Presidente. Y esto resulta crudamente irresponsable para la unidad de la que precisa México ante una contingencia sanitaria sin precedentes y una situación geopolítica volátil y de fragilidad. Vale compararlo con el infortunado episodio de los LeBarón en los límites de Sonora el año pasado, quienes parecían estar empujando una intervención estadounidense en el norte. Le urge revisar la historia a aquel que se crea ese cuento de que la integración de Norteamérica incluye a México.

Con todo, este falso irredentismo norteño no es una contrariedad originada en este gobierno. Viene de los tiempos de Fox y el lobby priísta de la Conago, y ha sido señalado de coincidir con algunos proyectos militares de EU, al cual conviene para poner filtros a la inmigración, tener acceso a los enormes yacimientos de litio y al gas shale –de extracción por fracking de nuestro territorio, entre otras materias de (su) seguridad nacional. Ni siquiera emana de un sentimiento popular amplio como lo quieren hacer creer algunos gobernadores, empresarios y opinantes envalentonados para obligar al Ejecutivo federal a modificar su agenda.

No es distorsión del pacto federal el equilibrar la situación de los estados sureños, muchos productores de energía y petróleo, de donde se originó la riqueza del país en el siglo XX que favoreció el desarrollo de regiones como la de Guadalajara y Monterrey, mientras que, por ejemplo en Veracruz, la mayoría de la población sigue viviendo en condiciones de miseria y se trata de las entidades más endeudadas, entre otras razones, precisamente por ese federalismo de sátrapas (véase duartismo).

El hecho de que nuestro país requiera una revisión fiscal y una Constitución nueva, para una distribución mejor proporcionada de los impuestos y reafirmar el sentimiento de integración popular, que podría dar solución a los grandes problemas sociales del país como la inseguridad y la polarización, es algo que se discute desde hace más de una década en las esferas académicas y jurídicas, cuando la recién inaugurada guerra contra el narco denotaba los estragos de un Estado fallido tras el golpe electoral de 2006 en plena etapa de democratización. Incluso se habló de la posibilidad de un nuevo alzamiento popular, como cada 100 años desde la existencia de México, descontento que pareciera haberse desahogado temporalmente en la elección de 2018.

Sin embargo, dada la crispación contra el pacto federal –simuladamente fiscal– de grupos disconformes por el destino de grandes cantidades de recursos públicos a nuevos programas de apoyos para amplios sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad y el arribo de un régimen que ha desplazado del poder a las élites nacionales ligadas a ellos, hay que colegir el rol histórico al que están correspondiendo sus planteamientos coyunturales como recrudecer las medidas restrictivas y decretar estado de excepción para supuestamente contener los contagios del mentado Covid-19 (caso Alfaro) y el resquebrajar la Federación constituida en 1824 y reafirmada por última vez en 1917, por estar en desacuerdo con la política económica federal de un gobierno designado por el electorado (caso Bronco); puesto que pese a ser considerada irracional en la doxa política predominante, la ideología está siempre presente, ya sea de manera tácita o manifiesta.

En defensa de lo sucedido, acaso cabe mencionar que la lucha ideológica interna no había sido tan enconada desde el episodio de la Cristiada, quizás porque la izquierda –bastante moderada; comonfortista, diría yo– no había tenido la relevancia que ahora la Presidencia de México le ha dado. También es a causa del prolongado deterioro de las instituciones del Estado, que ha llevado el conflicto a otras arenas y conducido a mecanismos heterodoxos de interlocución política. De haberla. Pero también, gracias a esto, el argumento historicista fácilmente identifica a los actores políticos y empresariales que lideran la gesta antifederal.

Así, me permito referir, sin hacer eco de la nomenclatura presidencial para sus adversarios, que si el propósito histórico del Estado federal mexicano era la justicia social, en medida que fue conformado mediante un acuerdo original que parte del supuesto de una posición inicial de igualdad, en términos de John Rawls, en efecto los ubica en la reacción conservadora el desenmarañar el discurso de la "resistencia" de un conjunto de gobernadores, que, aliados con grupos empresariales, promueven reorientar la agenda del gobierno de López Obrador, especialmente en esta crisis sanitaria, para comulgar con la idea del trickle down –esto es, favorecer a los ricos ayudará a los pobres–, denodadamente neoliberal, en lugar de seguir con el paradigma fiscal de que el gasto público se distribuya en función de las necesidades de cada entidad y un rescate financiero, saludado por la Cepal, que comienza desde el extremo más precario de la pirámide económica del país, que se robustece con la emisión de bonos de deuda soberana.