Golpismo
abril 12, 2020 |

Aunque la embestida contra el presidente López Obrador era continua y había mantenido un perfil bajo aún antes de que tomara posesión, estaba sustentada en principio en la batería de comentaristas y periodistas claramente identificados con el régimen pasado, y que al cambio de gobierno perdieron privilegios, enormes ganancias y prebendas; de su lado, la desdibujada oposición no hallaba cómo socavarlo y otros grupos de presión y poderes fácticos tampoco se decidían a una confrontación directa.

La crisis económica asociada a la pandemia global les dio el pretexto perfecto para hacerlo y se aprovechó el reciente informe trimestral del jefe del Ejecutivo para soltarse un alud de protestas y reclamos de gran magnitud al umbral de la ruptura, planteando un dilema de difícil solución: o se aumenta la deuda pública o se protege el empleo. En la oportunidad, la crítica adversa que se veía fragmentada se aglutinó en torno a los corporativos empresariales; a ellos se sumaron Congresos locales, alcaldes de proveniencia opositora a Morena y cuatro gobernadores (todos ellos de oposición) que exigen la revisión del pacto fiscal en una confluencia de intereses que los llevó a autocalificarse como víctimas de la indiferencia gubernamental, por lo que ahora demandan una revisión al pacto fiscal y amenazan con abandonarlo.

Si bien se entiende que aprovechan la difícil coyuntura para "hacer política", el desafío al jefe del Ejecutivo fue acrecentando en el marco de una estrategia de desobediencia a los lineamientos del Consejo de Salubridad General, el cual es responsabilidad del Presidente.

Encabezó el movimiento que huele más a un golpismo financiero y político el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí –ex directivo de Femsa–, quien se quejó de que el gobierno federal no atendió su propuesta, esencialmente basada en un diferimiento de pagos y prestaciones sociales a sus empleados; luego propuso el establecimiento de un fondo de 100 mil millones de pesos como apoyo de créditos blandos a pequeños negocios por cuatro meses, manejado por la Nafinsa para respaldar a la banca comercial que brinde el servicio, lo que al final se convierte en un rescate financiero a costa del gasto público, igual a todos aquellos que gobiernos anteriores realizaron cuando menos una vez desde el gobierno de Miguel de la Madrid, y que luego con Ernesto Zedillo tuvo como ejemplo máximo al Fobaproa.

De la mano con estos grupos empresariales que quieren forzar al gobierno a adquirir una nueva deuda pública, los gobernadores de Tamaulipas, Querétaro, Coahuila y Jalisco parecen dispuestos a asumir el riesgo y costo de atentar contra el Poder orgánico constitucional. Más que preocupados por la crisis económica, se percibe un intento por debilitar al gobierno federal y constituir cacicazgos regionales en los que ellos establezcan sus propias reglas del juego, suspendan garantías o establezcan toque de queda cuando se les ocurra, aprovechando la tesis del CCE de que "no existe gobierno", por lo que asumen que es momento de tomar medidas al margen de la Constitución.

Esa ambición de poder de los grupos desplazados por el voto ciudadano plantea la contienda social y el desorden en los niveles de gobierno como un conflicto adicional al que deberá enfrentar la gestión lopezobradorista. Al costo que sea.

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