Política

El protocolo inútil

abril 04, 2020

En la Universidad Veracruzana está a discusión un Protocolo para la Atención a la Violencia de Género. Es un documento indispensable para prevenir, atender, castigar, y dar acompañamiento a las víctimas. Debe ser un documento eficiente, moderno, útil para avanzar contra la violencia de género, ser empático con las víctimas y ser una herramienta para el aprendizaje institucional.

El documento con el Protocolo fue subido a la página web y se abrió un sitio para recibir comentarios y aportaciones que cerró el 13 de marzo. Nunca se discutió públicamente, a los funcionarios les han solicitado que hagan aportaciones a la página, pero nada más. Este documento importantísimo, se discute en la sombrita, se simula una consulta que integra el mismo grupo que lo redactó.

Desafortunadamente, el documento que está puesto a discusión es un amasijo de postulados, ineficiente como instrumento jurídico e inútil para cualquier acción ejecutiva. Es el típico documento demagógico, que dice cambiar para realmente mantener el estado actual de las cosas; en ese sentido es un documento cómplice de la violencia que mediatiza las demandas de las universitarias y engaña a la comunidad reiterando el ámbito de impunidad en que opera la violencia de género.

Es un Protocolo que deja intacto el aparato de dominación masculina, el sistema institucional de complicidades, el terreno para la acusación ambigua y la reiteración de las prácticas violentas, pues no se corrigen ni se sancionan.

Quienes lo han preparado jamás imaginaron que su oscuro documento sería rebasado por la marea feminista del 8 de marzo y por el paro nacional de mujeres del 9, que trastocaron el escenario nacional de modo radical y adelantaron el tiempo histórico de las demandas y reivindicaciones especialmente contra la violencia de género.

El Protocolo es impreciso en sus términos principales. Por ejemplo, establece que la "La violencia de género se considera como una conducta que constituye actos inmorales y/o faltas de respeto que se deben entre sí las personas miembros de la comunidad universitaria. (p. 5). Más adelante consigna un conjunto de manifestaciones de estos actos: exclusión, comportamiento de carácter sexual ofensivo, y comportamiento ofensivo hacia subordinados. Sin embargo, los términos son ambiguos y por eso mismo sujetos a la interpretación y base de la impunidad. Se debería revisar la experiencia del IPN y su acosómetro.

En cuanto a las sanciones, las faltas se clasifican como graves y no graves, sin definir con claridad la gravedad del acto cometido, por tanto, se reitera la ambigüedad.

El Protocolo remite a un sistema jurídico anticuado y no pertinente. Un sistema jurídico que necesita ser replanteado en su conjunto. En la mayoría de los casos, las sanciones remiten al Estatuto, un documento viejo, que, si bien ha sido reformado periódicamente, nunca ha sido revisado con una perspectiva de género. Se necesita reestructurar el Estatuto con una perspectiva nueva: inclusiva, de género, de derechos humanos. En el Protocolo todas las referencias a las sanciones se remiten a un referente legal anquilosado y que es la base de la impunidad que sostiene la violencia de género.

El Estatuto, el Contrato Colectivo y el sistema institucional de complicidades hacen que perdure la impunidad. El Protocolo debe ser radicalmente revisado. Más allá de los derechos y del debido proceso, la violencia de género debe ser enfrentada con vigor:

Se tiene que intervenir, atender, y sancionar inmediatamente.

Ningún profesor o funcionario acusado con fundamento puede seguir impartiendo clases y en contacto con alumnos, debe ser suspendido provisionalmente en lo que se resuelve el caso. No puede aparecer en la programación académica.

Tiene que haber una reacción inmediata para atender, acompañar y proteger a las víctimas.

Nunca un profesor o autoridad involucrada en una denuncia puede participar de careos o interrogatorios a víctimas.

El juicio en las Juntas Académicas debe ser imparcial, sin intervención de los sindicatos; los acusados y sus cómplices deben abstenerse de participar.

Se debe sancionar a los funcionarios que participen del sistema de complicidades, que pierdan o alteren evidencias, que presionen a estudiantes y profesores, que integren mal los expedientes o violen el debido proceso.

Se debe sancionar la inacción, la omisión y la negligencia. La institución debe hacerse responsable de sus funcionarios.

Se debe destituir a los profesores y autoridades que hayan cometido abuso, se debe sancionar a sus cómplices y la institución debe garantizar que los hechos denunciados no se repitan. Debe fomentarse la resiliencia institucional.

No es un documento que asuma integralmente la responsabilidad institucional sobre la violencia, no piensa en el futuro, ni considera la prevención y la educación como base del proyecto socializador universitario. Un Protocolo diferente debería fomentar la realización de diagnósticos institucionales con bases, fundamentos e indicadores claros que a su vez sirvan de referente para la elaboración de políticas institucionales para erradicar y prevenir la violencia. Se tiene que generar un sistema de información institucional sobre casos de violencia.

El Protocolo es una burla. Justo contra este tipo de prácticas marcharon miles de mujeres el 8 de marzo pasado, para gritar que están hartas del engaño y la simulación en las instituciones. Para decir basta y desmontar el sistema institucional de complicidades. El Protocolo que se discute en la UV es un documento inútil, rebasado por la historia. Es un documento que consagra la simulación y fomenta la opacidad.