Política

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abril 02, 2020

En una aproximación a la notable situación de violencia en contra de periodistas sucedida en Veracruz en los últimos años –lamentablemente acumulada con el asesinato de María Elena Ferral esta semana–, el denominador común ha sido la impunidad y la falta de castigo a los culpables de la violencia ejercida por diversos actores en contra de periodistas.

La violencia letal y sin castigo contra la prensa ha crecido abruptamente a nivel global, en tanto, es sabido en el caso mexicano que las autoridades por lo general no han podido ofrecer respuestas efectivas para combatir a los grupos criminales o poderes fácticos, que aprovechan los vacíos de poder para hacer de las suyas.

Así pues, la impunidad alienta y da oxígeno a las agresiones en contra de periodistas, y en esa medida se incrementa la desconfianza hacia las autoridades para contar con su protección, sobre todo, en aquellos casos en que reporteros son objeto de amenazas y actos que buscan limitar su libertad de expresión. Un análisis del organismo internacional Comité para la Protección de Periodistas revela que no ha sido fácil considerar resueltos los casos de asesinatos de periodistas hasta el momento en que los autores sean condenados.

Naturalmente que son mayoría los casos sucedidos en países en situación bélica, donde más se cometen esta clase de atentados; en el caso de países como el nuestro, donde formalmente no hay un estado de conflagración de manera extraordinaria, se han alcanzado cifras similares, y el resultado es que la violencia letal y sin castigo contra periodistas con frecuencia conduce a una autocensura generalizada en el resto de la prensa. Esto es evidente en México, donde los crímenes de periodistas sin resolverse aumentaron durante el pasado gobierno federal, y en el caso de Veracruz fue muy notable debido a que el estado ocupó el primer lugar en letalidad, dado el elevado número de reporteros asesinados durante el gobierno de Javier Duarte.

Una peligrosa combinación entre el reportaje político y la nota policiaca –tema ineludible en una demarcación donde la corrupción de los gobiernos priístas y panistas permitió la infiltración de cuerpos policiacos y autoridades de todos los niveles por el crimen organizado– ha sido el factor que exponenció la posibilidad para muchos periodistas de ser objeto de amenazas y, en el peor de los casos, atentados que han cobrado a la fecha en los últimos ocho años más de 23 víctimas, cuyos casos han quedado en su inmensa mayoría en la impunidad.

Según el Comité mencionado, las amenazas son un fuerte indicador de posible violencia letal. En más del 40 por ciento de los casos revisados, las víctimas recibieron amenazas de muerte previo a sus asesinatos. De la mano, los asesinos con frecuencia tratan de enviar un mensaje inhibidor al resto de la prensa. Durante la gestión del morenista Cuitláhuac García han sido dos los casos de agresiones letales en contra de reporteros. El más reciente el de la reportera María Elena Ferral, del cual la FGE ha afirmado que se dará con los autores y la investigación sigue en proceso.

Con respecto al otro suceso, el homicidio del periodista Celestino Ruiz Vázquez, ocurrido el 2 de agosto en su negocio de abarrotes, en la comunidad de La Bocanita, municipio de Actopan, la dependencia ejecutó una orden de aprehensión en contra de Facundo "N" por su presunta participación en el homicidio y posteriormente se tramitó el desafuero del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, de extracción panista, quien fue denunciado por el reportero de amenazas y agresiones, y luego hallado como responsable de ser el autor intelectual del homicidio.

En este caso, la gestión de García Jiménez logró dar con los responsables, sin chivos expiatorios, en un hecho que no se había dado en circunstancias similares anteriores, por lo que se espera que en caso de la corresponsal del Diario de Xalapa en Papantla, se alcance un resultado similar. La situación exige una respuesta clara en ese sentido.