Política

#UV_Algunos quédense en casa

marzo 19, 2020

Dado que la situación crítica de salud pública provocada por el Coronavirus no mejorará en los próximos meses, entre el twitt de la rectora Sara Ladrón de Guevara –acerca de la suspensión de actividades en la Universidad Veracruzana derivada de la emergencia del COVID 19– y el comunicado emitido al respecto por la Dirección General de Comunicación Universitaria, no se hace uno. Para empezar, ¿se suspenden las actividades del 20 de marzo al 20 de abril, o del 21 de marzo al 19 de abril, como lo suscriben respectivamente sendas joyas de la confusión? No sea que el virus distinga entre una fecha u otra.

Recomienda la rectora estar al pendiente de la información de expertos en el tema, pero tampoco se sabe si son científicos de nuestra universidad –que debería haberlos– o de instituciones de gobierno u otras comunidades académicas. Aunque más bien, quienes al parecer delinearon la estrategia fueron los expertos de las áreas de administración de personal y relaciones laborales; porque, antes de contener el virus, hay que mantener los estándares de control administrativo y líneas de mando.

Uno a uno, cada punto de las disposiciones generales, más que responder a los fundamentos epidemiológicos que sustentan las medidas emergentes para reducir significativamente las tendencias de los contagios a través del resguardo de las personas en su domicilio y la mínimo presencia en espacios públicos, parece que en la reunión donde se tomaron estos acuerdos no estuvieron presentes médicos epidemiólogos, expertos en salud pública, auténticos representantes sindicales y uno que otro científico social comprometido.

No es difícil imaginar que prevalecieron criterios de control administrativo y medidas de discriminación laboral. Porque, finalmente, ¿quiénes deberán presentarse a trabajar en las instalaciones de la UV a partir del 23 de marzo? Porque si se aplican medidas de excepción basados en jerarquías –sí a los académicos, pero no a los trabajadores administrativos– se estaría incurriendo en disposiciones discriminatorias que, además, contradicen la racionalidad de las estrategias estrictas que se deben observar para contener el contagio del virus.

Al parecer, la compulsión burocrática de las autoridades universitarias deriva en disposiciones de control laboral y ficciones académicas acerca de las posibilidades reales de aplicación de plataformas educativas y canales de comunicación remotas que resultan lo más remotas posibles. Ya vemos a estudiantes y profesores, personas de salud en riesgo, embarazadas y adultos mayores de 60 años, afanosamente respondiendo no se sabe a qué urgencias institucionales imaginadas por la jerarquía universitaria, que debería tener el mínimo conocimiento del perfil socioeconómico de los alumnos, las condiciones generales de trabajo del personal y, lo que es más importante, de la trayectoria de la incidencia y el contagio entre toda la población, derivadas de la contingencia sanitaria.

Si este es el repertorio de respuestas de la Universidad Veracruzana frente a este escenario, poco cabe esperar de la capacidad que pueda tener para resolver atingentemente los aspectos colaterales que una emergencia de esta naturaleza impone al conjunto de la sociedad. En tal sentido, el comunicado institucional resulta penoso, confuso, limitado y excluyente, sin referencia alguna a los aspectos de carácter epidemiológico. Cabría esperar una mínima reacción de la comunidad universitaria con argumentos de validez científica y sensibilidad social que cuestionen el contenido y el alcance discrecional de las disposiciones. Sin embargo, como muchas veces sucede, se suele voltear a otro lado.