Política

Editorial

diciembre 09, 2019

Se ha dicho que el actual gobierno federal no ha cambiado estructuralmente el funcionamiento de la economía neoliberal. Es discutible. Si bien es cierto que los criterios macroeconómicos siguen siendo básicamente los mismos, lo que ha cambiado es la intención de la economía. La inflexión no está en cuanto a criterios de estabilidad y certidumbre macroeconómicas –que siguen siendo básicamente los mismos–, sino en haber sacado de la fórmula de los intercambios y acuerdos económicos del Estado, la variable imprescindible para que el neoliberalismo medre a costillas de los gobernados: la corrupción.

Algunos ejemplos: I.- en el sexenio de Enrique Peña Nieto se firmaron contratos de la CFE con empresas que obligan a pagar un subsidio de 21 mil millones de dólares por siete ductos que en la actualidad se encuentran inactivos; II.- OHL, el escándalo desatado por los audios divulgados anónimamente, donde ejecutivos de la compañía acordaban supuestos aumentos de peaje en autopistas del estado de México a cambio de pagar las vacaciones de un funcionario estatal, así como el pago de sobornos en términos "usuales" a magistrados; III.- la investigación periodística de "la casa blanca"; IV.- la casa solariega de Videgaray; los casos de los ex gobernadores César y Javier Duarte; Oceanografía, más Montiel, Yarrington, Moreira y los Panamá Papers.

El neoliberalismo es inconcebible sin la corrupción de los actores participantes en los procesos de toma de decisiones. La idea es relativamente simple, continúan por lo pronto los criterios teóricos políticos de control de las variables macroeconómicas, pero se saca de la fórmula de los intercambios la variable de la corrupción. El resultado es que se pueden re direccionar los recursos salvados del hoyo negro y dirigirlos a modificar de forma sustantiva los costos que pagan los gobernados por las políticas neoliberales corruptas.

Basta echar una ojeada a la variable huachicol para apercibirse de las dimensiones oceánicas de la corrupción de los últimos 38 años de criterios de convivencia neoliberales.

Más que convivencia, fueron la imposición integralmente corruptora de un puñado de tecnócratas decididos a enajenar la riqueza del país y quedarse con los beneficios.

Ni en los peores y ridiculizados tiempos de los estertores del autoritarismo del partido único, de la segunda mitad de los años 70, ni la "colina del perro", ni el encarcelamiento del ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, llegarían a los tobillos de lo padecido por los gobernados los últimos 38 años.

El acotar sin joterías la corrupción y sus reflejos ha permitido parar la sangría de dinero púbico transferido a las arcas privadas de los tomadores de decisiones. Faltan, sin embargo, cosas sustantivas por hacer.

Entre ellas hacer las modificaciones en los acuerdos legitimadores para evitar que vuelva a pasar un cambio de intención tan radical en el acuerdo fundacional, la Constitución.

No basta con ser un Estado con una economía en desarrollo con grandes rezagos por resolver, hoy es preciso asentar en el ideario colectivo y en el tipo de acuerdo fundacional que une a los gobernados, que el Estado mexicano es uno de bienestar. Lo que significa que el Estado estará obligado a proveer de las mejores condiciones posibles a los gobernados con menos recursos para compensar y redirigir sus condiciones de vida. Más de la mitad de la población nacional vive en pobreza, muchos de ellos en la precariedad integral. La economía no ha crecido y, sin embargo, hay políticas compensatorias generales completamente funcionales y exponencialmente crecientes.

¿Cómo es esto posible si los criterios económicos siguen siendo básicamente los mismos y, sin embargo, hay en marcha varias políticas compensatorias de amplio espectro?

La respuesta es casi de Perogrullo. Sin corrupción.