Política

A cuentas

diciembre 08, 2019

Los años de horror en que los gobiernos neoliberales sumergieron al país no terminan de mostrar sus contenidos. En el mal explorado predio de Arbolillo se han vuelto a encontrar restos humanos. El hecho no habla tanto de que se hayan hecho trabajos deficientes, sino que la magnitud de lo ocurrido en el estado durante los gobiernos de Duarte y Yunes es mucho más grave de lo que ya se asoma generosamente en las fosas descubiertas.

No es casual que la patología misógina que padece la sociedad se exacerbe, luego de la matanza de casi una década. Lo cierto es que los responsables de haber tomado las decisiones en la guerra contra las drogas declarada por Calderón deben explicarlas. No es nada lejana la posibilidad de que las malas decisiones hayan sido tomadas deliberadamente, en la dinámica perversa de la colusión entre empresas criminales, gobiernos mexicanos y agencias norteamericanas. Parte sustantiva de lo hecho ha descansado principalmente en la sociedad, en los grupos de búsqueda formados por víctimas, familiares de las víctimas y desaparecidos. Ha sido la sociedad la que ha cargado con el peso de dar continuidad a los trabajos de búsqueda, porque los dos últimos gobiernos veracruzanos eran claramente omisos y desinteresados. La degradación de las capacidades investigativas de las agencias gubernamentales es resultado concreto del desinterés y probable boicot de dos gobiernos y sus fiscalías. Así lo sugiere la confirmación de la actual encargada de investigaciones ministeriales, en el sentido de las taras con las que este gobierno recibió la institución, luego de que el gobierno se deshiciera de la rémora dejada por Yunes Linares.

Que la fiscalía anuncie un plan para reducir con los rezagos es buena noticia, igual lo sería si se obliga a los responsables de los pasados dos gobiernos a confrontar críticamente sus decisiones frente a los resultados de lo que ellos crearon: muerte