Política

FALANGES: Estrategia de seguridad: una debacle anunciada

noviembre 08, 2019

lmaury_cruz@hotmail.com

La problemática de la seguridad pública en materia de delincuencia organizada y en particular del narcotráfico, son temas de seguridad nacional y derecho penal internacional. Ha casi un año de Gobierno de la 4ª Trasformación los resultados son deficitarios, y violatorios de derechos humanos en el sentido que no se cumple con la obligación constitucional del derecho a la procuración e impartición de justicia, así como de garantizar la integridad de las personas en el territorio nacional.

Los casos de la ingenua detención y la oprobiosa liberación Ovidio Guzmán López, la ilegal revelación pública del nombre del jefe del Grupo de Análisis de Información de Narcóticos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el caso LeBaron (enredado en conflictos de aguas, de narcotráfico, y en el tema binacional México-Estados Unidos) evidencian la deficiente estrategia de seguridad. Sin embargo, el problema de esta criminalidad es mayor dado que este año se perfila como el más violento de la historia reciente de México.

La problemática de la delincuencia organizada (cobro de piso, secuestro, trata de personas, extracción ilegal de aguas, robo de combustible, contrabando a gran escala) y del narcotráfico en particular, son temas de seguridad pública que escalan a la seguridad nacional y a problemas internacionales. Esto se agudiza porque las organizaciones delictivas están cada vez más diversificadas en sus actividades ilícitas, aunado al fracaso de la política prohibicionista en materia de drogas y el surgimiento de las drogas sintéticas, la no despenalización de drogas naturales (como: mariguana y cocaína), la internacionalización de los carteles mexicanos, la falta de capacitación policial y de las fiscalías, la permisibilidad flagrante del ejecutivo federal para permitir los ninguneos a las fuerzas militares y policiales federales; el armamento y capacitación táctica de los cuerpos de reacción del narcotráfico, la falta de carreras judiciales para la impartición de justicia, y el creciente deseo aspiracional de jóvenes de ser narcos. Esto configura al narcotráfico como un problema complejo.

Es correcto cuando el Presidente señala que se requiere pacificar al País, pero no todos los Estados son iguales; mientras Sonora, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Veracruz y la Ciudad de México están en problemas graves de delincuencia organizada, que es materia federal tanto del poder judicial como del ejecutivo, pero Yucatán es la excepción. Por lo tanto, las acciones deben ser focalizadas y se requiere de servicios de inteligencia efectivos. En los actuales es notoria su impericia.

En este sentido sustituir "abrazos por balazos", es decir, desarrollar políticas de proximidad social y de desarrollo social como un medio para contener y disuadir a la delincuencia organizada, es una idea loable, pero notoriamente mal ejecutada y fuera de contexto.

Un problema estructural es que en la estrategia de seguridad la Federación confunda el derecho penal del delincuente ordinario con el derecho penal del enemigo. ¿Usted piensa que los sicarios y narcotraficantes les interesan las becas Benito Juárez?, en efecto frente a la delincuencia organizada se requieren acciones reactivas y preventivas fundadas en inteligencia financiera, criminal y táctica. ¿Acaso no se requieren operaciones sistemáticas y quirúrgicas para inmovilizar capitales, interceptar mercancías ilegales, cortar líneas de provisiones de armas, así como para la aprensión de presuntos criminales, y jueces con carrera judicial? Esto sólo es competencia de la Federación, del Ejecutivo, la cual es su responsabilidad histórica, política y jurídica.

La política de proximidad social en materia de seguridad pública corresponde al derecho penal (del delincuente ordinario) es en este terreno que los programas de desarrollo social son pertinentes, pero ¿acaso están bien operados, cuentan con reglas claras de operación, habrá fondos para mantenerlos?... A la par no hay una estrategia federal coordinada con los Estados y municipios para prevenir y disminuir la delincuencia juvenil y de los imitadores, combatiendo de forma frontal los delitos del fuero común como: extorsión secuestro, homicidio y robo. ¿Si los cuerpos policiales estatales y municipales no pueden o no les permiten combatir la delincuencia ordinaria y ocasional, usted cree que estamos ante una estrategia eficaz?, ¿acaso no debe ser cesado Alfonzo Durazo como Secretario de Seguridad por su flagrante impericia e irresponsabilidad?

Aunado a esto el país se encuentra en franca caída y próxima recesión económica, nuestro crecimiento es del 0.04% y cayendo, esto es un caldo de cultivo para la violencia social y el incremento de la delincuencia ocasional, la organizada, la proliferación de los imitadores y del pandillerismo, así como un mayor desistimiento de la inversión privada. Estamos al filo de precipicio, ¿o no? o ¿usted qué piensa?...