Política

Emite CNDH recomendación al gobierno por la desaparición forzada de 8 policías

octubre 26, 2019

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 24VG/2019 al Gobierno de Veracruz por violaciones graves a derechos humanos, por la desaparición forzada de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, ocurrida el 11 de enero de 2013; atribuible a 15 agentes del entonces denominado "Grupo Tajín" de la Secretaría de Seguridad Pública del estado Veracruz (SSP).

También la recomendación va hacia la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas.

En la recomendación se señala que los policías que laboraban en el municipio de Úrsulo Galván fueron víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado, al ser detenidos y privados de su libertad, de quienes a la fecha se desconoce su paradero.

La CNDH acreditó que desde que ocurrió la desaparición forzada, la SSP-Veracruz no condujo las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado "Grupo Tajín" aun cuando existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso.

En los hechos se señala que el 11 de enero de 2013, a las 18 horas, los ocho policías de Úrsulo Galván salieron a hacer un rondín de rutina para no regresar más a sus hogares. Se trata de Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil.

Ese mismo día, aproximadamente a las 18:40 horas T1, encargado de la base de radio, se comunicó con V7 para reportarse, sin embargo, éste no le contestó por lo que consideró que debido a la deficiente cobertura en la zona no tendría señal. Durante el transcurso de la guardia realizó diversos intentos de comunicarse con uno de los policías y sus compañeros a través de la radio y teléfonos celulares, con nulos resultados; tampoco regresaron a la base en el horario de costumbre, el cual era a las 1:00 horas.

A las 8 horas del 12 de enero de 2013, T1 les informó a sus compañeros de guardia que los ocho policías no regresaron al cuartel ni se había podido establecer comunicación con ellos. También les dijo que existían rumores que habían sido levantados, razón por la cual lo hizo del conocimiento de T2, quien inmediatamente convocó a una reunión en el palacio municipal.

El 7 de febrero 2013, como resultado de las investigaciones se informó que derivado de comentarios realizados por algunas personas que viven en la localidad conocida como "El Arenal", se presumía que a los ocho policías se los llevaron unas patrullas que decían "Policía Estatal" de la SSP Veracruz.

La CNDH recomienda también a la SSP Veracruz concluir el Procedimiento Disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017, y consecuentemente, la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades.

Respecto a la responsabilidad de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz en este caso, la CNDH acreditó que la referida institución no efectuó de manera inmediata las diligencias de búsqueda y localización, además de señalar omisiones y dilación en la investigación ministerial de los hechos, toda vez que a más de seis años no se tienen resultados sobre el paradero de los policías municipales de Úrsulo Galván, de acuerdo con la información obtenida no se cuenta con evidencias suficientes que conduzcan a la identificación y detención de las personas presuntamente responsables.

Violan derechos humanos a reos

Existen irregularidades en el sistema penitenciario en donde se violan los derechos de los internos y no existe reinserción social en los internos, de acuerdo con la investigación elaborada por la especialista Miriam Montalvo Soberano.

De 80 a 90 por ciento de los derechos de los internos no se respetan, además en ocasiones existen violaciones desde el momento que hay una detención, pues existe muy poca información en torno al derecho de los detenidos. "Hay una desinformación y también se hace una bola de nieve, Derechos Humanos no saca a personas delincuentes, solamente se está dedicando a revisar que se cumplan los términos procesales conforme a derecho, por eso existe una ley escrita, que se lleve a cabo desde la hora de la detención y que la sentencia se conforme a derecho y ley y no conforme a criterio de policía o juzgador, creo que sí falta sensibilizarse, no tomar el problema personal", comentó.

Señaló que la carga de la prueba no está a cargo de derechos humanos sino a cargo de quien interpone la denuncia. "Tampoco le vamos a echar la culpa a una fiscalía que defiende las pruebas que le llegan o lo que consigue como pruebas, y defiende est aparte social, porque son representantes sociales, un mediador entre la víctima y el detenido, la culpa es de que no han podido hacer una imputación correcta", explicó.

Montalvo Soberano indicó que existe un descontrol en el sistema judicial desde el momento de la detención hasta movimientos procesales, de acuerdo con la investigación hecha. "Ya preso, dentro de un penal, hay muchas irregularidades , hay violaciones dentro, esto es del conocimiento de autoridades, familiares y muchas personas", dijo.

Señaló que tienen derecho, por ejemplo, a una alimentación, a un trato digno, y muchos de ellos aún no tienen comprobado que hayan cometido un delito, y son tratados como sentenciados. "Aunque sean delincuentes también tienen derechos que no deben ser violados, hay restricción de derechos, es cierto que los presos deberían tener un ingreso para generar sus alimentos, pero esto no ocurre". Explicó que se debe de visibilizar el problema y realmente realizar acciones para revertir estas situaciones.