Política

Judiciales

octubre 18, 2019

En poco menos de un año, la llamada 4T ha dejado claro que su intención va mucho más allá de un gobierno de alternancia. Sin prisas pero sin pausas ha venido modificando las reglas informales de convivencia con que el pacto de impunidad reemplazó la institucionalidad y las leyes.

En la semana que termina Carlos Romero Deschamps renunció a la secretaría general del STPRM, y pese a que es sustituido por su tesorero y permanece intacta la estructura de decisiones, es claro que la organización sindical se allana a la nueva circunstancia; dado que la corrupción es ya considerada delito grave en lo que al gobierno respecta, la facturación falsa en la rama empresarial también lo es. Se aprobó la revocación del mandato, los gobernados valorarán la calidad del desempeño y el valor de las intenciones de gobierno y confirmarán o no su continuación; el aeropuerto de Santa Lucía libra la última traba y en breve reiniciarán los trabajos; al abogado del pacto de impunidad, Juan Collado, se le congelan cuentas bancarias por la friolera de 80 millones de dólares; desde septiembre pasado se le negó el amparo a Rosario Robles para seguir su proceso en arresto domiciliario, el cigüeñal del engranaje del pacto de impunidad continuará en la cárcel.

En el estado las cosas marchan a tiempos distintos, el Poder Judicial ha otorgado amparos a conspicuos impresentables del gobierno de la igualmente impresentable administración de Javier Duarte. Ha sido casi un año donde varios jueces han evidenciado sus filias por un régimen en donde parte sustantiva de los flujos informales de dinero sustraídos al dinero público pasan a bolsillos privados, pero sobre todo, sus fobias a los cambios en las reglas del juego y los comportamientos exigidos a los servidores públicos.

Se dice que, eventualmente, el ex fiscal Bravo Contreras podría integrarse a la defensa del ex gobernador. Es irrelevante, es claro que el ex gobernador fue protegido con la naturaleza harto aligerada de gravedad de los cargos presentados para su extradición. Tanto por el gobierno de Peña Nieto como por el cacareo estridente pero inútil que hiciera el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes.

Así las cosas con el Poder Judicial.