Política

Emiten recomendación a Federación y a gobierno estatal por agresión a migrantes

octubre 17, 2019

Veracruz, Ver.- La CNDH emitió la recomendación 78/2019 dirigida al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, integridad personal y protección de la salud en agravio de 130 migrantes durante un operativo que implementaron corporaciones federales y estatales en el municipio de Juan Rodríguez Clara.

De acuerdo con la recomendación, los agraviados denunciaron que viajaban a bordo de un ferrocarril de la compañía Ferrosur aproximadamente a las 11:30 horas del 9 de septiembre y en las cercanías de la comunidad Los Tigres escucharon disparos de arma de fuego.

Los denunciantes señalaron que agentes del INM y elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado lesionaron a algunos compañeros de viaje con piedras que les lanzaron.

Ante el temor que les generó la situación, varias de estas personas se lanzaron del tren en movimiento y corrieron, pero se lesionaron en la acción.

"Expresaron que agentes del INM, de la PF y de Seguridad Pública de Veracruz los maltrataron y jalaron de diversas partes del cuerpo a los que permanecieron en el ferrocarril, cuando éste se detuvo, para finalmente bajarlos y asegurarlos", se menciona.

Al tener conocimiento de las heridas y las lesiones provocadas a los indocumentados, personal de la CNDH se trasladó al municipio de Juan Rodríguez Clara para constatar los hechos.

De igual forma, un médico legista de la CNDH se presentó en ese municipio para certificar las lesiones provocadas a estas personas y descubrieron que una de ellas fue golpeada en el rostro con un fusil y que otros resultaron con golpes diversos y esguinces.

Además, se descubrió que los heridos no recibieron atención médica sino hasta el día siguiente de estas acciones, lo cual puso en riesgo su vida.

Según la recomendación 78/2019, trabajadores de fincas piñeras fueron testigos del actuar de los elementos de las fuerzas federales y estatales en contra de los extranjeros en el marco de la táctica denominada "Contención de Flujos Migratorios", el cual se les ordenó implementar en territorio veracruzano del 1 al 10 de septiembre de 2018.

En la recomendación, la CNDH aclara que un agente federal de migración solicitó verbalmente el apoyo de la Policía Federal para implementar el operativo contra los migrantes pese a carecer de esa facultad.

Al rendir su informe a la CNDH, el INM reveló que 27 de sus agentes y un mando participaron en las acciones efectuadas en Los Tigres el 9 de septiembre del 2018.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó a la CNDH que en este procedimiento participaron 31 elementos: 15 de la región Juan Rodríguez Clara; seis de la región Carlos A. Carrillo y 10 de la región de San Andrés Tuxtla, los cuales tenían la orden de "brindar seguridad perimetral".

Al recibir la denuncia correspondiente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Acayucan, inició una carpeta de investigación por esta agresión, la cual se turnó a la Fiscalía General de la República por su competencia, pero todavía se encuentra pendiente su integración a la fecha.

Además, la CNDH señala en la recomendación que personal del INM incurrió en irregularidades en el retorno asistido de 67 centroamericanos que fueron albergados en la Estación Migratoria de Acayucan, ya que realizaron una serie de diligencias de "acuerdo de inicio" para el traslado de los extranjeros a sus países en el lapso de cinco minutos, lo cual resulta imposible por el tiempo que requiere el llenado de cada formato.

La CNDH recomienda al Estado investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que viajaban en el tren aquella mañana del 9 de septiembre del año pasado, por lo que turnaron oficios al Órgano Interno de Control del INM, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal y la Comisión de Honor y Justicia de la SSP para que se inicien las investigaciones correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados en la agresión a las 130 personas en tránsito.

Por último, se recomienda a las autoridades que brinden atención médica, sicológica y siquiátrica especializadas, servicios de asesoría jurídica y servicios sociales, así como todas aquellas acciones tendentes a lograr la reintegración de las víctimas a la sociedad.