Política

Ordena juez investigar a fiscales y otros ex funcionarios por paralizar denuncias de saqueo al IPE

septiembre 18, 2019

Una juez de control ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que sean abiertas las carpetas de investigación contra seis fiscales (entre ellos, Luis Bravo Contreras y Jorge Winckler) y tres directores de Servicios Periciales que no han dado seguimiento a la denuncia interpuesta por jubilados y pensionados desde el 1º de agosto de 2016 contra el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por el saqueo y trasiego de dinero de esta institución.

La presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), Adriana Chávez Tejada, recordó que la denuncia fue presentada por presuntos delitos que provocaron el saqueo de la Reserva Técnica del IPE y de la demanda se generó la carpeta de investigación es la 245/2016.

Ante la falta de avance de investigaciones de las denuncias los jubilados recurrieron al Poder Judicial del Estado, en estricto apego a lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Pacho Viejo, determinó que el Ministerio Público, a más tardar el 27 de octubre próximo, debe tener concluida su indagatoria y determinada la carpeta de investigación, toda vez que estimó que la dilación en la que incurrió la FGE era injustificada y violatoria del Derecho Fundamental de Acceso a la Justicia.

En una determinación inédita, la Juez ordenó también a la Fiscalía abrir carpetas de investigación en contra de seis fiscales y tres directores de Servicios Periciales, a los que deberá investigarse por incumplimiento del deber legal y, en su caso, fincárseles responsabilidad penal. Debe enfatizarse que nunca antes se había ordenado desde el Poder Judicial que fuesen investigados y en su caso sancionados, tan alto número de funcionarios del Ministerio Público ante su indolencia para procurar justicia.

La carpeta de investigación deberá contemplar a los ex fiscales Luis Ángel Bravo Contreras y Jorge Winckler Ortiz por omisiones en sus funciones.

"Han sido tres directores de Servicios Periciales por donde ha pasado la denuncia y ninguno ha podido determinar nada. En la audiencia estuvieron presentes dos representantes de la Fiscalía que se limitaron a decir que es una carpeta de 23 mil hojas y anexos, que es muy larga y en tres años no han tenido tiempo de desahogarla, argumento débil que la juez echó abajo".

Chávez Tejeda pidió a la nueva encargada de despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadans, que atienda el llamado del Poder Judicial y sea aplicada la justicia, en donde esperan que ya no se sigan acumulando más fiscales que incumplen con su deber.

A través de solicitudes de información por parte de los jubilados y pensionados del IPE, condujo al descubrimiento de que dinero de la Reserva Técnica de ese Instituto fue trasegado hacia la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz, en tiempos de Javier Duarte. "Fueron millones de pesos que por conceptos ridículos como ‘apoyo solidario’, salieron de las arcas del Instituto, procedentes de una reserva que de acuerdo con la Ley no puede tocarse sino para fines específicos, entre los que no se encontraba ni se encuentra, por supuesto, satisfacer la voracidad cleptómana de gobernantes corruptos, que el duartismo le llamó ‘apoyo solidario’ al peculado".

El Consejo Directivo del IPE –dijo el abogado de los pensionados– funcionaba como un cártel, eran siete secretarios de despacho del duartismo y seis dirigentes sindicales y estas direcciones debieron darse cuenta del trasiego de dinero y precisamente coincide que esa época, las pensiones colapsan.

No debe caer en el olvido que unos meses antes, en diciembre de 2015, los jubilados y pensionados fueron brutalmente reprimidos, con garrotes y bastones eléctricos, por elementos de Seguridad Pública, cuando protestaban por el retraso en el pago de su pensión y de su aguinaldo. Este retraso, a fin de cuentas, fue consecuencia del saqueo a las arcas del Instituto.

La denuncia que presentaron diversas organizaciones de jubilados y pensionados acomunadas en el Fedipev se radicó, y al poco tiempo debió hacerse cargo de la investigación el Fiscal General que Miguel Ángel Yunes dispuso que lo acompañara en su mandato, Jorge Winckler Ortiz.

Un año después de presentada la denuncia, el primero de agosto de 2017, siendo ya gobernador constitucional Miguel Ángel Yunes, los pensionados caminaron otra vez del IPE a la Fiscalía para preguntarle al Fiscal General sobre el avance de la investigación. Winckler no los recibió y fueron atendidos por un funcionario menor que, indolente, escuchó a los jubilados y nada se comprometió, jamás hubo una respuesta.

Unos días después de la segunda marcha de jubilados hacia la Fiscalía, dilucidé que la denuncia de los pensionados no tendría mayor avance, porque -para ser precisos, el 13 de agosto de 2017- el gobernador del Estado acudía a los festejos del aniversario del Setse, a obsequiar coches, y a ser testigo de cómo una de las denunciadas, ahora fallecida, Acela Servín, "destapaba" al hijo de Miguel Ángel Yunes como precandidato a gobernador.

Dos recomendaciones (una de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otra de la Comisión Nacional), confirmaron el carácter de Derecho Fundamental de las pensiones, la ineludible obligación estatal de pagarlas oportunamente.