Política

Lo que se perdió en la Narvarte

agosto 01, 2019

Se han cumplido cuatro años del asesinato de tres mujeres y un hombre en las calles de Luz Saviñon en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Dos de las víctimas habían huido del estado, gobernado entonces por Javier Duarte, por sentirse amenazadas en su integridad. Habían sido hostigados y amenazados y ante la indefensión y la desconfianza en las autoridades se refugiaron en la megalópolis.

Una portada devastadora en la revista Proceso, la fotografía tomada por su corresponsal en Veracruz, Rubén Espinosa, mostraba el perfil pronunciadamente curvo de la decadencia, el abultado abdomen del ex gobernador Javier Duarte rematado por una gorra de la policía del estado, vistosamente rotulada con la palabra "gobernador". Hubo otras más que lo mostraban en su plenitud bipolar, desde el acercamiento al rostro con la mirada enfurecida respondiendo a una pregunta incómoda sobre la escandalosa desaparición de una menor, hasta la mirada sonriente desaforada por maldita la cosa.

El gobierno a cargo de Miguel Mancera deliberadamente no investigó y el principio de justicia se corrompió, se envileció.

Nadia Vera, otro objetivo de la venganza, también había sido abiertamente hostigada en Xalapa y se refugió en la ciudad. Pocos meses antes, un grupo de energúmenos presumiblemente pertenecientes o vinculados con la policía del estado habían vapuleado sin misericordia a un grupo de estudiantes que se reunían en un departamento. Para entonces el número de agresiones a defensores del medioambiente y de los ríos, de periodistas, y defensores de los derechos humanos era ya alarmante.

Ningún cargo vinculado a lo que se señala figura en los motivos de su actual encarcelamiento por la sencilla razón de que no fueron explicitados en la petición de extradición que Guatemala concedió al gobierno mexicano. La nueva administración de la Ciudad de México ha decidido replantear desde el principio la investigación de 2015 y seguir líneas que la pasada administración nunca aceptó.

Los vientos están cambiando. El hecho de que se haya procedido penalmente contra un personaje de alto perfil podría desencadenar lo que ha ocurrido en otros países como en Brasil o Perú, donde una detención derivó en la acusación contra otros involucrados hasta que se armó la trama de corrupción más amplia y extensa.

La detención en España de Alonso Ancira (director de Ahmsa) augura una investigación mucho más amplia que incluya al resto de los involucrados. Con lo que ha ido surgiendo en lo que va del gobierno de López Obrador, puede decirse que el país se dirige hacia un megaproceso en contra de quienes traicionaron a la patria con una corrupción oceánica.

El presidente López Obrador ha dicho que no perseguirá a nadie y ha reconocido públicamente la aceptación de su triunfo por parte de EPN. El presidente ha tomado la decisión política de no involucrarse en la persecución la inmensa estela de delitos patrimoniales y de corrupción en las que las élites del régimen anterior estaban involucradas. Eso no significa que el presidente sea omiso, sino que se está restableciendo la institucionalidad del gobierno y Estado mexicanos.

Si esto es así, el Estado mexicano simplemente no tendrá forma de eludir proceder en contra de la urdimbre de intereses que hicieron de sí un mero pacto funcional de complicidades, para lo que se tuvo que desmontar –o mediatizar– la poca institucionalidad que sobrevivía al neoliberalismo.

Todo indica que el objeto de las investigaciones no solamente abarca a Pemex, sino a otras entidades de gobierno, otras fechas que han confesado los delatores y abarca montos mucho más grandes de los que hasta ahora se han confesado. Esto apenas parece ser el inicio de una investigación mucho más vasta, sistémica incluso, de toda la trama.

El presidente ha dicho que él no perseguirá a nadie, cosa que es precisamente lo que debe hacer: para eso están otras instituciones del Estado.

Las acciones encaminadas contra Ancira y el propio Lozoya indican que aún faltan cosas por ver. Lo que es un hecho es que no parece haber puntos de negociación posible. Herrumbrosa y todo, la maquinaria de justicia del Estado mexicano se ha echado a andar y el conjunto apunta hacia Veracruz y una nueva narrativa de lo ocurrido.