Política

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julio 13, 2019

Pocos países encajaron el neoliberalismo con tanta severidad y violencia como México. Desde principios de la década de los 80, hasta el primero de diciembre de 2018, todos los gobiernos coincidieron en la ortodoxa aplicación de una serie de medidas de liberalización económica que transformaron radicalmente la configuración socioeconómica del país: apertura comercial, desregulación de los mercados financieros, privatización de empresas estatales, "flexibilización" de las relaciones laborales, reducción del gasto público. Y sus resultados: crecimiento económico marginal, mayor desigualdad, explosión de pobreza.

No hay manera de revertir las transformaciones profundas de tres décadas; tampoco es posible romper súbitamente con los actores, acuerdos y hábitos económicos vigentes sin crear un caos devastador.

Salir de las inercias neoliberales y construir las condiciones de una economía supone operar desde el interior de la economía neoliberal. Algo que medio hicieron los gobiernos del sur del continente; lo que más o menos mitigó la severidad de los efectos del neoliberalismo.

Las tareas: restaurar el equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y los mercados; acotar a las grandes corporaciones; cortar el vínculo de intereses entre el poder político y el poder económico.

Nada de eso ha pasado aún. Concretarlo llevará tiempo y supone un ejercicio muy transparente del poder y de los procesos de toma de decisiones en el gobierno, de tal suerte que reconstruya la confianza en un proyecto de nación distinto. La reciente renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, parece obedecer a esas inercias, pero el gobierno debe abundar en la naturaleza y contenido de las diferencias con el ex secretario de Hacienda.