Política

Miguel Angel Yunes Linares y el empresario periodístico, Manuel Arroyo Rodríguez, relaciones peligrosas

mayo 27, 2019

El nueve de abril de este año, el gobierno del estado interpuso una denuncia penal por fraude peculado y lo que resulte ante la Fiscalía General de la República por diversas irregularidades en el llamado Sistema Estatal de Videovigilancia instalado en un ínfimo porcentaje durante el gobierno de Miguel Angel Yunes Linares. La querella busca resarcir el daño patrimonial ocasionado al erario veracruzano cometido por la administración panista, en contubernio con la empresa COMTELSAT, que habría recibido un contrato por asignación directa inicialmente por 700 mdp pero que al final de la gestión pasada alcanzó los mil 100 millones de pesos.

La acusación señala que COMTELSAT –propiedad del multiempresario, Manuel Arroyo, dueño también del periódico El Financiero- no sólo cobró con sobreprecio el equipo, sino que incumplió con el suministro e instalación de unas cámaras de mucho menor calidad a la establecida en el contrato que comprendía el montaje de 6 mil 134 videocámaras; a la fecha, sólo operan unas mil 695 que representan menos del 29 por ciento de lo pactado.

El eje de la denuncia involucra no sólo a funcionarios estatales sino que se ancla en la compañia propiedad de Manuel Arroyo Rodríguez –nombrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto como el Empresario del Año- que de suyo tiene antecedentes tanto en el país como en el extranjero por incumplimiento con instituciones gubernamentales y privadas.

Antecedentes de una empresa fraudulenta protegida por Yunes Linares

Comtelsat S.A. de C.V. fue inhabilitada por tres meses por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como consta en la circular No. UR-DPEP-S-0011/2016. Lo anterior, derivado de un procedimiento de investigación radicado en el expediente CI-S-PEP-004/2013, del Órgano de Control Interno de Pemex Exploración y Producción. No obstante lo anterior fue contratada por la administración yunista.

Aunque Comtelsat promovió un recurso de revisión, número 22/2014, el procedimiento fue desechado. "En cumplimiento al acuerdo de fecha dieciocho de mayo de 2016 del expediente citado al rubro, se emite la circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República, Entidades de la Administración Pública Federal, y empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Comtelsat, S.A. de C.V.", según se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de junio de 2016.

Una auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), al cual La Jornada Veracruz tuvo acceso, advierte sobre "un fraude debido al incumplimiento de prácticamente todas las cláusulas del anexo del contrato denominado "Adquisición, Suministro, Electrificación e Instalación y Puesta en Operación de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV".

De ahí se desprende que las mencionadas cámaras compradas a Comtelsat están por debajo de la calidad debida y que no identifican rostros ni placas de vehículos, como lo ofreció en su momento Miguel Ángel Yunes.

También, hay postes que no cumplen con un tamaño estándar, gabinetes en la parte superior de los postes que pueden incendiarse en cualquier momento debido a materiales de escasa calidad y a instalaciones eléctricas improvisadas , además de la falta de licencias de todos los programas instalados". Lo anterior es sólo el resultado del peritaje de los subcentros de Pánuco, Poza Rica y Cosoleacaque.

En ese mismo año, también le fueron embargadas las cuentas bancarias por el incumplimiento del pago a sus trabajadores, al IMSS, Infonavit y al SAT. Esta empresa forma parte del Grupo Lauman, que preside Arroyo Rodríguez, propietario del periódico El Financiero, empero existe la presunción de que entre los socios estaría un alto ejecutivo de Grupo Televisa.

El dueño de El Financiero también se halla en problemas con la trasnacional empresa proveedora de papel y otros insumos, NESE con sede en Madrid, España que estaría por iniciar un litigio por una deuda de unos 500 mil USD.

Para esquivar su responsabilidad en la denuncia interpuesta por la administración estatal, el influyente empresario ha tratado de intimidar a los funcionarios del Gobierno Estatal y en especial a los del Sector Seguridad, argumentando contar con relaciones al más alto nivel en el poder político del país.

Sin embargo, las irregularidades y la falta de cumplimiento con los estándares de calidad del material adquirido por el gobierno de Yunes Linares tienen al empresario de espaldas a la pared. Como ejemplo esta el mal funcionamiento de mil 581 cámaras PTZ de 23 X cuando el anexo técnico del contrato especifica cámaras de 30 X y en el documento se habla de un circuito cerrado y no de un Sistema de Videovigilancia como lo anunció el exmandatario.

La complicidad queda demostrada cuando se observa que el costo no se contempló en el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de 2018; COMTELSAT ni siquiera estaba en el padrón de proveedores de Sefiplan y peor aún nunca había hecho instalación de cámaras de videovigilancia en ningún lugar del país hasta entonces.

Un sistema estatal de videovigilancia fraudulento

COMTELSAT cobró mil 100 mdp por la instalación de 6 mil 324 cámaras pero sólo funcionan mil 695, es decir el 29 por ciento de lo que prometió Yunes Linares desde el 22 de octubre de 2017. Y la mayoría de las que funcionan parcialmente presentan deficiencias.

Un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública realizado en las seis regiones donde se instalarían estos equipos "con inteligencia artificial de última generación reporta que en Fortín, de 676 cámaras instaladas, ninguna funciona; en Poza Rica, de mil 120 cámaras, sólo funcionan 10 (menos del 1 por ciento); en Cosoleacaque, de 990 operan 62 (el 6.3 por ciento).

En la región de Xalapa, de mil 228 dispositivos, únicamente 339 son útiles; en la Pánuco se pusieron en marcha 380 cámaras, de las cuales funcionan 88; en la conurbación de Veracruz, de mil 631 equipos instalados, se encuentran activos mil 196.

El sistema de videovigilancia debió concluirse el 5 de julio de 2018, de acuerdo en el contrato SSP-UA-111/17, pero el gobierno de Yunes Linares solo heredó ese problema a la administración del morenista, Cuitláhuac García Jiménez.

Existen una serie de cuestionamientos inexplicables sobre el funcionamiento del equipo. Como ejemplos esta la duda del porqué el proyecto no fue avalado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo estipula el acuerdo de homologación del Consejo Nacional de Seguridad Pública como en otros Estados. ¿Será que sabían que reunía los requisitos mínimos requeridos o de quien fue la omisión?.

La dirección del costosísimo e importante proyecto estuvo a cargo de un trabajador de la empresa que no cuenta con un título profesional y no es docto en la materia.

Para eludir cuestiones técnicas, tanto Yunes Linares como Manuel Arroyo, rebautizaron el proyecto como "Circuito Cerrado" y no de videovigilancia como se presumió al anunciarse. De la mano hubo la colocación de mil 800 postes enfocados a su libre albedrío y no en los puntos georeferenciados de mayor incidencia delictiva y en lugares sin visibilidad que imposibilita su propósito de cobertura, además del uso de gavetas y componentes de ínfima calidad. Lo anterior incluye la compra de Nobreaks y UPS adquiridos en Xalapa a muy bajos costos y no como los requiere el anexo técnico del contrato.

Un análisis técnico especializado reveló una serie de inconsistencias como la colocación de sólo una antena en lugar de los cuatro enlaces inalámbricos en los postes para la transmisión de la señal. También el montaje de la instalación eléctrica del proyecto sin controles de calidad; la capacidad, respaldo y almacenamiento son sumamente deficientes; no se instaló fibra óptica requerida y terminaron forzando a la nueva administración para que el Sistema C-4 la instalara y no la empresa.

Otro hecho delicado es que nunca se protestaron las fianzas de cumplimiento del contrato y la administración yunista otorgó prórrogas sin penalización. Otros cuestionamientos son:

¿Por qué no funciona ningún aplicativo anunciado en las bondades del sistema para combatir a la delincuencia organizada como lo presumió el supuesto especialista en seguridad. Miguel Ángel Yunes?.

¿Por qué tampoco operan los arcos lectores de placas colocados en la entidad, que eran parte del mismo proyecto, y que en 98% de las lecturas arrojadas presentan datos equivocados por su pésima calidad?.

¿Por qué compraron tantas cámaras sin tener garantizada la transmisión y el enlace de ancho de banda de las frecuencias permitidas para el segmento de Seguridad Pública como establece la Ley que dice:

"Del cuadro nacional de atribución de frecuencias del espectro radioeléctrico. MX218 la banda de frecuencias 4.94-4.99GHz se emplea para la provisión de servicios dedicados a aplicaciones de Seguridad Pública. Dicha banda se encuentra asignada al Sistema Nacional de Seguridad Pública".

Al incumplirse con lo anterior, el proyecto invade otras frecuencias y en automático quedan vulnerables a ser interferidas por la delincuencia organizada En resumen la impunidad, el abuso y el engaño en este proyecto que ha ocasionado un quebranto millonario al erario por mil cien millones de pesos podría quedar impune tanto por la responsabilidad del exgobernador –porque la demanda no es directa contra Miguel Ángel Yunes, si no "contra quien resulte responsable"- como por las influencias políticas que dice tener el propietario de El Financiero.

En ese circuito de complicidades también se hallan el entonces titular de la Unidad Administrativa de la SSP,quien asignó y firmó la primera parte de dicho contrato; se trata de Juan Manuel Saldaña Morán, premiado posteriormente en el bienio panista con la Secretaria de Protección Civil. Para encubrir el negocio, en lugar de éste fue designado como responsable de administrar los recursos de Seguridad Pública, Guillermo Moreno Senties, hijo del ex Secretario de Finanzas y Planeación yunista, Guillermo Moreno Chazarini.