Política

Anteproyecto de Ley UV: omisiones y excesos

mayo 23, 2019

El Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana que está ahora en revisión en la LXV Legislatura, fue remitido a los consejeros universitarios a inicios del mes para ser votado en la sesión del Consejo Universitario General (CUG) del 13 de mayo. Algunos consejeros lo llevaron a discusión a sus comunidades, pero la mayoría no. Una Ley Orgánica es a la universidad, lo que la constitución a un estado o país, por lo que en su elaboración tienen derecho a opinar todos los afectados, no sólo los consejeros. En la sesión del CUG se debatió si el Anteproyecto se sometía a discusión de toda la comunidad universitaria o se pasaba ya a la votación. Ganó la segunda opción, que contradice la Exposición de Motivos del Anteproyecto, que presume la aspiración de "transparencia y rendición de cuentas", y a lo señalado por el Art. 3. VII del propio Anteproyecto: "Fomentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria en el mejoramiento de la institución…"

En suma, que el Consejo Universitario NO debatió el Anteproyecto; simplemente lo votó y fue remitido a la Legislatura.

Esa falta de discusión al interior de CUG, la manipulación y la línea previa para la votación, dan cuenta de que el Consejo suele faltar a su carácter de órgano de consulta y discusión, característica que se remonta a dos décadas o más.

A continuación mostraré unos ejemplos de temas que debió discutir la comunidad UV y que ahora deberán analizar los diputados, para lo cual esperemos que abran los oídos a las voces de los universitarios.

El Anteproyecto en sí está impregnado de una visión endógena, o endogámica (como se prefiera), pues exige que para ser Rector se tengan 10 años de experiencia académica dentro de la UV. En otras universidades del mundo se valora la utilidad de las experiencias y visiones externas, y no se plantea el requisito de antigüedad, mucho menos de 10 años. Era suficiente dejarlo en que el Rector deberá tener experiencia académica y administrativa; a lo más, como dice la ley actual, que preferentemente pertenezca a la UV. El exceso huele a intención deliberada para cerrar el camino a los perniciosos externos, reflejo quizás de las olas xenófobas que recorren el mundo.

Algo similar ocurre con la Comisión de Vigilancia Financiera y Control Patrimonial, a la cual dará cuentas el Contralor, y que estará integrada solamente por académicos de la UV (Art. 20). La UNAM, por ejemplo, integra a su Patronato –más o menos equivalente a la Comisión de Vigilancia Financiera– a expertos nacionales en finanzas.

El Art. 24 amplía a once el número de integrantes de la Junta de Gobierno (JG), pero con mayoría de locales (siete). De nuevo prevalece esa visión endógena y provinciana, que parecía superada hace 23 años cuando se constituyó la primera JG, para la cual no se establecieron cuotas ni cotas de origen de sus miembros. Fue la votación –libre, directa y secreta– que curiosamente designó a cinco académicos de la UV (uno de ellos ya retirado en ese momento, por cierto) y a cuatro externos. Este Anteproyecto debió recuperar esa apertura y, también, establecer la votación directa y secreta al interior de CUG al menos para el nombramiento de integrantes de la Comisión de Selección, la JG, el Tribunal Universitario, el Contralor, la Comisión de Glosa y otras instancias, llamadas a ser contrapesos al poder rectoral. Un tablero digital y la votación desde el celular no es ya un reto tecnológico para nuestros electrónicos e informáticos.

Aunque hay otra versión de la relación de cuatro externos contra siete internos: que alguien aproveche (no se sabe a ciencia cierta quién) la novatez de la Comisión de Selección, para colocar a dos internos a modo más los cuatro que de por sí habrá de relevar la JG en 2020 e inicios de 2021, para que llegado el proceso de sucesión rectoral (verano de 2021), algún aspirante ya lleve al menos seis votos seguros en su camino a la Rectoría. ¿Especulación pura?

La mayor concentración de poder en el Rector se ve en varios artículos del Anteproyecto. Por ejemplo, el nombramiento del Abogado General recae en el Rector. Entonces, es un brazo del Rector quien presidirá la Comisión de Legislación Universitaria (Art. 19), y será quien (Art. 23) convoque a la Comisión de Selección (la que formará las ternas que se someterán al CUG para designar Contralor, integrantes de la Junta, del Tribunal Universitario y otras como dije, los posibles contrapesos al poder rectoral). De manera similar, el Secretario de Desarrollo Institucional convocará las sesiones de la Comisión de Glosa (Art. 22), la que revisará y sancionará el informe del Rector. ¡El brazo del Rector se encargará de calificar al Rector!

Dos conclusiones mínimas se desprenden de lo anterior. Si realmente se quiere ejercer una autonomía universitaria responsable, varias instancias como la Junta de Gobierno, la Comisión de Glosa, la de Control Patrimonial, el Tribunal Universitario, y, sobre todo, la Comisión de Selección, deberían establecer su propia dinámica con apoyo pero sin injerencia de los funcionarios del Rector. A su vez, esos funcionarios, los que nombra directamente el Rector, no deberían ser considerados como autoridades (Art. 13), sino como funcionarios. El carácter de autoridad debería estar reservado a los puestos que surgen de un proceso colegiado, esto es, el Rector, los Vicerrectores (de acuerdo al Anteproyecto los nombrará la JG), los directores de facultades e institutos, y esas autoridades junto con los representantes de alumnos y académicos, constituirían el Consejo Universitario General. Los funcionarios del Rector no deberían tener derecho a voto en el CUG por la simple y sencilla razón de que de antemano votarán de acuerdo con las indicaciones del Rector pues a él se deben; los que salieron de procesos participativos, al menos tendrán que buscar en su conciencia –cuando hubiere discrepancias– si siguen las órdenes de arriba o apoyan las aspiraciones de los de abajo. ■