Política

Autonomía vs. autonomía -O de quien se encamina a destruir la manta con la que se cubre-

mayo 20, 2019

El pasado 13 mayo el Consejo Universitario General (CUG) aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, una propuesta que se dirige a la concentración del poder del Rector, a la anulación de contrapesos institucionales, a favorecer el clientelismo, y que debilita el sistema de vigilancia y control del patrimonio universitario, todo lo cual va en contra de la autonomía sustantiva de la universidad, aunque cobijada con el elocuente discurso de la defensa y ejercicio de la autonomía universitaria.

Hoy día el concepto de autonomía no puede comprenderse sino desde la libertad académica y del carácter público y de bien social de la educación superior. La autonomía universitaria trasciende el marco de su definición jurídica y se relaciona más con los fines de trascendencia social que debe perseguir, con la cooperación horizontal entre sectores universitarios y con el trabajo colaborativo. La autonomía universitaria no es un mero referente formal, ya que el saber solo se puede generar, transmitir, criticar y recrear en instituciones plurales y libres, y que posean una profunda conciencia de su responsabilidad y una inquebrantable voluntad de servicio a la sociedad a la cual se deben y a la que tienen la obligación de rendir cuentas. Es una forma de vida comunitaria en la que estudiantes, académicos, administrativos y directivos deben ser capaces de ejercer la autocrítica y de reconocer que el coincidir debe ser producto de la razón, una consecuencia de la libertad y no de la subordinación.

La autonomía, si, implica evitar la intromisión indebida del Estado en la universidad, pero también prevenir que en ella prevalezcan actitudes corporativista, el abuso de los privilegios o se instituya el autoritarismo.

El anteproyecto presentado por la Rectora de la UV al presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado Juan Manuel Pozos Castro, aún cuando es mejor en estructuración y técnica legislativa respecto al anteproyecto de junio del año pasado, que pretendió presentarse al Congreso local durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, sigue adoleciendo de los problemas de fondo que generaron el debate público, que finalmente impidió su presentación al Congreso.

En el anteproyecto que se remitió al legislativo sigue prevaleciendo el interés de que el Rector en turno concentre el poder universitario, aunque ahora de forma más discreta. Se propone crear una Comisión de Selección, elegida por el Consejo Universitario, para integrar ternas a fin de elegir a miembros de la Junta de Gobierno, Coordinador de Transparencia, Defensor de los Derechos Universitarios e integrantes del Tribunal Universitario, así como aquellas que deriven de las disposiciones reglamentarias o del Consejo Universitario. El CUG es un órgano presidido por el Rector, compuesto por 406 universitarios de los cuales poco más de un tercio son parte de la administración universitaria y los restantes académicos y estudiantes que, en términos fácticos, están en posición de subordinación jerárquica respecto de los primeros. Dicha composición junto a la carencia de garantías mínimas que obliguen a los representantes maestros y estudiantes a ser portadores de las decisiones colegiadas de sus comunidades de origen, ha dado pie a que las decisiones de la máxima autoridad universitaria se hayan orientado conforme a la voluntad o interés del Rector en turno, situación que se verá agravada con el diseño normativo y los arreglos institucionales propuestos en el anteproyecto de Ley Orgánica. De ser errónea la apreciación anterior ¿cómo dotar de sentido que los

consejeros regionales no observen la gravedad de que sus Vice Rectores sean reducidos a la categoría de supervisores de las entidades y dependencias a su cargo (art. 43)? ¿cómo es posible entender que las regiones admitan que son incapaces de proponer, crear o planear sus propios planes y programas de estudio (art. 42)? ¿de qué forma se explica que representantes maestros que son a su vez representantes sindicales, no lleven al pleno del CUG las conclusiones derivadas de su documento general de análisis, reflexión y evaluación del anteproyecto de Ley Orgánica? O ¿de qué forma interpretar el llamado al CUG el pasado 13 de mayo a considerar como traidores de la universidad a quienes se pronunciaron en contra del anteproyecto y de quienes se abstuvieron de dar su voto aprobatorio al mismo? El pacto de silencio, los intercambios interesados y el sometimiento a los intereses cortoplacistas es el germen que se anida en este anteproyecto, en apariencia, más democrático que el anterior.

En íntima relación con lo anterior está el debilitamiento de la vigilancia y el control del presupuesto y patrimonio universitarios, puesto que ahora éstos estarán a cargo de una Comisión de Vigilancia Financiera y Control Patrimonial, integrada por 5 académicos con nombramiento por 3 años con estudios, "preferentemente", en las áreas administrativa o financiera y que será presidida por uno de sus miembros (a diferencia de las restantes comisiones permanentes que son presididas por las autoridades especializadas en la materia que han de atender cada una de las comisiones) y de la cual dependerá el Contralor General pues éste es responsable ante tal Comisión y le debe rendir informes trimestrales sobre su desempeño, e informar al Rector para su conocimiento y atención de los resultados de sus intervenciones (art. 38). Es síntesis, el Contralor depende y rinde cuentas a quien debe vigilar y controlar.

El anteproyecto debilita de forma significativa a la Junta de Gobierno, ya que: a) Reduce la restricción a sus miembros de no ser candidatos a cargos de dirección en la UV, lo que podría incentivar la negociación de intereses personales con la administración universitaria que afecten su imparcialidad, objetividad e independencia (art. 24); b) Amplía su composición a 11 miembros, 7 internos y 4 externos, lo que permitirá integrar a 2 miembros internos, y que puede traducirse, de facto, en el aumento en el órgano colegiado del número de integrantes que pueden ser susceptibles de presión por parte de la administración (art. 24); c) Limita la relación de la Junta de Gobierno con las autoridades universitarias al establecer que éstas deben realizarse por conducto del Rector (art. 26); d) Equipara el perfil de miembro de la Junta al de Rector, igualando un perfil de funciones ejecutivas a otro que tiene que ver más con el razonamiento y la argumentación práctica; e) Elimina la atribución de la JG de nombrar a los secretarios de administración y finanzas y en cambio le otorga la atribución de nombrar a los Vice Rectores, que ya no son autoridad conforme al anteproyecto (art. 26) y que podrán ser removidos por el Rector (art. 29, fracción X). Adicionalmente, el anteproyecto no precisa la duración del encargo de los integrantes de la Junta de Gobierno ni determina la votación idónea para designar al Rector, temas que por su envergadura deberían quedar consagrados en la Ley Orgánica.

Tengo la convicción que de aprobar el Congreso del Estado el anteproyecto de Ley Orgánica que le ha sido entregado, asestará un duro golpe a la autonomía sustantiva de la universidad y afectará a un bien público que es su responsabilidad proteger.

Jaqueline Jongitud Zamora, investigadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad