Política

Violencia como factor de daño a la salud pública

abril 26, 2019

El asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, y de su esposo –a unos días de la masacre de Minatitlán–, revela el deterioro de las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad, notablemente acrecentada tras los dos anteriores gobiernos estatales, en los que prácticamente no se hizo nada para su reducción, se establecieron nexos entre mandos policiacos y delincuentes pero además, esa inacción creó las condiciones actuales en las que no hay un sólo día en que se registre un hecho delictivo que no lleve las huellas de la presencia de la delincuencia organizada.

Ese clima de violencia ocasionada por el crimen organizado se ha constituido como uno de los principales problemas en el país y el estado en los últimos años, dejando secuelas, a la par de la pérdida de vidas humanas, en las actividades económicas, disminuyendo la calidad de vida de la población y convirtiéndose en la principal preocupación de los veracruzanos.

De hecho, y aún sin existir las actuales condiciones de violencia exacerbada, un diagnóstico realizado en la década de 1990 por la Organización Panamericana de la Salud la calificó como el mayor problema en materia de salud pública en América Latina, al generar entre la población un sentimiento de preocupación tanto en su persona como en sus bienes. Otro estudio de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que considera los indicadores de incidencia delictiva y violencia a sus mediciones del Desarrollo Humano, confirma la percepción de que el crimen y la violencia reducen la calidad de vida en el país y representan enormes pérdidas de capital humano, social y económico.

Prueba de ello es que en el 2009 el costo total estimado de la inseguridad en México fue de poco más de un billón de pesos, lo que representó el 8.9% del PIB, y lo más preocupante es el incremento nominal respecto a 2008 y 2007 de 6.7% y 23.0%, respectivamente.

De actualizarse dichos análisis a la fecha, con toda certeza las pérdidas ocasionadas por la violencia asociada a la actividad delictiva se habrán incrementado por el crecimiento y dispersión de los carteles, todo ello en medio de las grandes complicaciones financieras por las que atraviesan amplios sectores de la población.

En el caso del estado de Veracruz, el escenario no puede ser más adverso, pues a la par de la actividad misma de los delincuentes, las circunstancias económicas y la parálisis de la inversión pública ha creado las condiciones en las que difícilmente se podrán encontrar soluciones en el corto plazo.

No obstante, las autoridades deberán encontrar una rápida respuesta que satisfaga la demanda ciudadana por su derecho a vivir en paz y tranquilidad.