Política

Insta Anuies a respetar autonomía universitaria

abril 13, 2019

La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (Anuies) manifestó su preocupación al Congreso del Estado de Veracruz por el intento de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana sin mediar comunicación ni participación con la comunidad universitaria.

En un comunicado, la Anuies señala que el artículo 3°, Fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.

Agregan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al definir los alcances de la autonomía universitaria, señaló que ésta constituye una protección especial concedida en la Constitución para resguardarlas de intromisiones o intereses externos lo que les permite cumplir con sus fines.

Gracias a la autonomía, las universidades públicas han mantenido un espacio de libertad de pensamiento e innovación, la pertinencia y calidad de sus funciones sustantivas, adaptándose a las nuevas circunstancias de un entrono dinámico y en constante transformación y atendiendo las necesidades de una sociedad que evoluciona.

El rango constitucional de la autonomía universitaria es un reconocimiento a la necesidad de que la educación superior, la investigación científica y la difusión de la cultura se llevan a cabo respetando los principios de libertad de cátedra y de libre examen y discusión de las ideas, por eso solicitan a los congresos de Baja California Sur, estado de México y de Veracruz para evitar cualquier acto que afecte el funcionamiento institucional de las universidades autónomas.