Política

Pecados

marzo 23, 2019

El conservadurismo político y social mexicano ha estado siempre asociado a la Iglesia Católica. Prácticamente toda intención modernizadora ha topado con una postura intransigente de la institución religiosa que sirve de bandera y cobertura para sus ultra laicos. Como institución, la Iglesia ha sido especialmente dúctil con gobiernos conservadores corruptos, destacadamente durante la bacanal corrupta de la anterior administración federal. Se adapta a casi todo lo impresentable: fascismos, neofascismos, gorilatos latinoamericanos reconfigurados como el de Bolsonaro, lo mismo que a paradigmas aborígenes de la corrupción como los Duarte.

Durante las décadas 60 y 70 le sentaron perfecto las polarizaciones ideológicas de la Guerra Fría. La nomenclatura de la jerarquía fue sustantiva en la consolidación de los regímenes golpistas sudamericanos como los de Pinochet y Videla. Y Haití, y Paraguay, y Guatemala, y Perú, y Bolivia, y El Salvador.

Desde la Segunda Guerra Mundial todos los problemas fueron definidos por la polarización de la Guerra Fría. Los reclamos reivindicativos de sociedades tan injustas como arcaicas fueron tratados por la Iglesia con el profundo sentido oligárquico que facilitó el intervensioniso norteamericano en Latinoamérica, malogrando gobiernos desde Jacobo Árbenz hasta Salvador Allende.

Ése ha sido el papel histórico institucional de Iglesia pese al boom de la Teología de la Liberación en los años 60 y 70. El arribo de Juan Pablo II significó casi tres décadas de ofensiva contra todas las posiciones e implicaciones de la Teología de la Liberación. Transigir y acuerpar a criminales pedófilos ha sido su debacle moral pese al control de daños y revisiones de conciencia del nuevo papado.

Con poder económico y más de una relación política inconfesable de comunidad de intereses, la Iglesia sigue ejerciendo influencia en buena parte de la nomenclatura política del estado sin importar excesivamente el partido político al que pertenecen los tomadores de decisiones y los hacedores de leyes. Lo que explica el comportamiento y las renuencias de los tomadores de decisiones para hacer efectivas leyes que reconozcan los derechos sexuales y civiles de parte muy significativa de los gobernados. Los legisladores han preferido diferir indefinidamente asuntos sustantivos para la calidad de vida de mujeres y la comunidad LGBTTTI. La puesta en práctica de derechos tan elementales como la interrupción del embarazo y el reconocimiento de matrimonio igualitario se han pospuesto y edulcorado hasta hacerlos nugatorios por legisladores de todos los partidos, que propician con ello aberraciones letales como los feminicidios. Cuando los legisladores rehúyen de hacer lo necesario para hacer efectivos tales derechos, alientan irresponsablemente la reproducción de medioambientes sociales misóginos y homofóbicos con las consecuencias letales sabidas por todos.

Hay un nivel de inocultable responsabilidad de la Iglesia y los legisladores en el diferimiento de derechos vitales para la salud social y, con ello, en la perpetuación de comportamientos sociopáticos como los crímenes de odio y los feminicidios.