Política

MAYL y FGE omitieron pena por desalojo violento de pensionados

marzo 21, 2019

Al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al fiscal Jorge Winckler Ortiz no les interesó castigar, ni reconocer los derechos de víctima de los pensionados y jubilados que en diciembre de 2015 fueron desalojados de la calle Enríquez a golpes, descargas eléctricas y patadas, por el contrario mostraron menosprecio por ellos y no sancionar la conducta abusiva del gobierno duartista, acusó el abogado Juan José Llanes.

Derivado del desalojo ordenado por el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos y ejecutado por el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 32/2018, en la que se dispone que el estado reconozca y admita que los pensionados y jubilados de Veracruz tienen el carácter de víctimas de aquellos hechos, que se les repare el daño, que se les ofrezca la disculpa correspondiente y que se sancione a los responsables.

Se ordenó en la recomendación, también, que fuese el gobierno de Veracruz (que encabezaba, en ese momento, Miguel Ángel Yunes Linares), la Fiscalía General del Estado (que sigue encabezando Jorge Winckler), y la Secretaría de Seguridad Pública (que estaba al mando de Jaime Téllez Marié), las instancias que incoaran el registro cómo víctimas de los pensionados agredidos.

Sin embargo, en el gobierno pasado, no acataron la recomendación, al contrario menospreciaron el reclamo de los pensionados y jubilados, y fueron ellos mismos quienes acudieron personalmente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), a realizar por ellos mismos su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.

El abogado y representante legal de los pensionados y jubilados, señaló que este hecho, es uno más de otros tantos que faltan en la misión de reivindicar a este sector de la sociedad, tan lastimado en los regímenes pasados

Confió que a diferencia del pasado gobierno, la actual administración estatal ofrezca las correspondientes disculpas públicas, en nombre del Estado mexicano; se les repare integralmente el daño que sufrieron; nunca más se repitan las condiciones que los llevaron a protestar y que concitaron la brutal e ilegal represión que padecieron y que se sancione de forma ejemplar a quienes los agredieron el 23 de diciembre de 2015 y a todos aquellos que han saqueado al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), pues la Fiscalía General del Estado (FGE) no lo ha hecho hasta el momento.