Política

Yunes dio ilegalmente concesiones de taxi colectivo, acusan transportistas

marzo 08, 2019

Durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se entregaron concesiones del transporte público en modalidad de taxi-colectivo que no están contempladas en la ley, por lo que se defraudó a los permisionarios.

La nueva administración tendrá que responder a lo que se convertirá en un problema social en breve, alertó el integrante de la Coalición de Taxistas de las Altas Montañas, Jairo Guarneros Sosa.

"Se otorgaron concesiones al margen de la ley, que no están estipuladas, las dio ahora como taxi-colectivo (…) ahora tendrán que enfrentar este gobierno un proceso, porque ellos pagaron a finanzas que toleró el pago sabiendo que no existía la modalidad".

Algunos taxis fueron reordenados e hicieron el trámite para el cambio de plazas –ahora de color azul– pero los número económicos están duplicados, lo que implica que Yunes Linares validó las irregularidades cometidas en el periodo de Javier Duarte.

"En la administración pasada desde la misma Dirección (de Transporte) se nos informaba que estaban validando los permiso, porque en el administración de Javier Duarte se habían entregado siete folios repetidos siete veces. Nosotros creemos que este número lo duplicaron ellos porque lo dieron una y dos veces".

Programa de reordenamiento dejó fuera a 30 mil transportistas

La fracción del Lado Correcto de la Historia propuso regresar a la Secretaría de Gobierno la Dirección de Tránsito y Transporte Público, y desaparecer el Programa de Reordenamiento que implementó la pasada administración, que dejó fuera a más de 30 mil permisionarios, que no fueron empadronados ni tiene placas para circular.

En la sesión de la diputación permanente se presentó la iniciativa para reformar la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que busca revertir lo aprobado en 2013, cuando la dirección de Tránsito y Transporte Público se pasó a la Secretaria de Seguridad Pública.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares planteó que en la actualidad la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con varias corporaciones policiacas con facultadas para detener cualquier unidad de transporte público por la razón que ellos consideren necesaria, incluso por razones de índole administrativa y no precisamente de seguridad pública.

Eso ha generado mucha corrupción y un gran descontento de parte de los concesionarios y conductores del transporte público de todo el estado, por el hostigamiento del que son objeto por parte de las diferentes corporaciones policiacas, así como por la aplicación indebida de retenes, contraviniendo así los principios promovidos por la nueva administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la lucha contra la corrupción.

Sumado a la problemática en la que se encuentran más de 30 mil unidades del transporte público que circulan sin placas ni permisos que, por la naturaleza de las funciones que desempeña la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no ha tenido la solución esperada.

El legislador pidió regresar a la Secretaria de Gobierno la atribución de coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de tránsito, apoyo vial y la aplicación de las disposiciones de la ley de la materia, relativas a la circulación de vehículos por las vías públicas y áreas o zonas privadas con acceso al público, comprendidas dentro del estado que no sean de competencia federal, así como el estacionamiento de vehículos y los servicios auxiliares de tránsito.

Y se establece que en un plazo no mayor de 120 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado expedirá una nueva Ley de Tránsito, Seguridad Vial y Transporte.