Política

De mil 505 millones, presunto daño patrimonial en Cuenta Pública 2017

marzo 01, 2019

El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Antonio Portilla Vázquez, precisó que luego de las tres entregas hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto al Informe de la Cuenta Pública 2017, el total del presunto daño patrimonial tanto del primer año del yunismo, como el último de los pasados alcaldes asciende a mil 505 millones de pesos.

Dijo que en este momento la ASF está en proceso de notificar tanto a las dependencias como a los ex funcionarios involucrados, lo que tardará 10 días hábiles; después tendrán un plazo de 30 días para solventar y finalmente la Auditoría contará con un lapso de 120 días para determinar si quedaron aclaradas las irregularidades o se procede a presentar las denuncias correspondientes.

Resaltó que gran parte de estas observaciones se lograron detectar gracias al trabajo coordinado con el Orfis.

En cuanto al recorte presupuestal que fue aprobado para el presente año por el Congreso local, el auditor Antonio Portilla Vázquez señaló que no habrá de quejarse, ni tampoco proceder por alguna vía para reclamar más recursos, sino que ahora habrán de ser más austeros y más eficientes en los tiempos de revisión.

Comentó que de entrada, el sueldo de todos los directivos ya fue ajustado para estar conforme a la Ley de Austeridad planteada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y aprobada por los diputados locales.

Recordó que originalmente habían planteado poco más de 200 millones de pesos, que estaban plenamente justificados en las acciones que habrían de emprender durante el presente año.

Sin embargo, el presupuesto que finalmente les aprobaron fue de alrededor de 185 millones de pesos, con los cuales tendrán que dar los mismos resultados positivos en materia de fiscalización, además de continuar con las labores de capacitación a los entes fiscalizables, así como al personal del Orfis.

Dejó en claro que no habrá reducciones ni afectaciones a los salarios de los trabajadores, pero sí habrán de hacer más ágiles las auditorias que se lleven a cabo, para reducir los tiempos y evitar así mayores gastos.