Política

Detectan pagos irregulares en la Sedecop, el IVEA y tecnológicos

febrero 11, 2019

En la recta final de la administración yunista, la Secretaría de Finanzas y Planeación autorizó más de 100 millones de pesos en dictámenes de suficiencia presupuestal para realizar pagos en la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos y diversos institutos tecnológicos, de los cuales no existe justificación.

Tal situación fue plasmada en el dictamen de la entrega-recepción de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Sefiplan, en la que se hace notar que hay inconsistencias como la falta de comprobación de dichos recursos, por tanto, se hace del conocimiento de la Contraloría General del Estado para que actúe legalmente.

En el oficio firmado por la directora general de Programación y Presupuesto, Ana Rosa Aguilar Viveros, se establece que su antecesor en el gobierno panista, Ángel Benítez Peralta, detalla diversas observaciones e irregularidades como diferencias en los inventarios, falta de firmas en los manuales de procedimientos, pero sobre todo, la autorización de pagos en el último día del gobierno de Yunes Linares sin justificación.

De acuerdo con documentos en posesión de La Jornada Veracruz, se aprobaron solicitudes de dictamen de suficiencia presupuestal de gastos efectuados en septiembre, octubre y noviembre de 2018 de diversos institutos tecnológicos por un monto de 89 millones 773 mil 115 pesos con 69 centavos. Tales pagos no fueron justificados de manera debida.

También se detectaron dictámenes de suficiencia presupuestal y ampliaciones a partidas por un importe de 15 millones 42 mil 519 pesos realizados el 2 de agosto y 30 de noviembre de 2018 (el último del gobierno anterior) en la Secretaría de Desarrollo Económico y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz.

Otra inconsistencia que fue reportada tan sólo en una de las áreas de Sefiplan, es la relacionada al inventario de bienes muebles, donde el resumen de los muebles bajo resguardo que se hicieron en mayo, agosto y septiembre de 2018 no coinciden con lo detectado en el proceso de entrega-recepción.

De igual forma, se advierte que se dejaron de atender contratos, convenios y pagos de obras en distintas dependencias en el lapso de los 90 días posteriores a la entrega-recepción donde la administración saliente aún es responsable.