Política

Huachicol y Estado criminal

enero 29, 2019

La extensión del socavamiento del Estado mexicano es abrumadora. Basta decantar con cuidado las informaciones que han surgido en estas últimas semanas respecto al robo industrializado de combustibles a la primera industria del país, Pemex. Fox impugnó ante la SCJN la decisión de marcar las gasolinas legales a fin de diferenciarlas de las robadas; y en sexenio de su sucesor, Calderón, se repartió a los gobiernos estatales y municipales información que por su naturaleza puede ser considerada incluso de interés militar y de seguridad nacional, nada menos que la red de poliductos y ramales de distribución del país. A partir de ese momento el robo de combustible se industrializó y se creó una completa economía paralela con Pemex como pilar. Al mismo tiempo los gobiernos federales todos desmantelaban las salvaguardas legales que protegían a Pemex y lo ahogaron en impuestos con evidentes ganas de quebrarlo. Bien visto, fue una bien orquestada y muy amplia red de complicidades gubernamentales criminales que rindieron al interés criminal la soberanía y bienestar nacionales. Eso se llama traición.

Es algo que se sabe documentadamente desde 2010, con la primera edición de El cártel negro, de Ana Lilia Pérez. Investigación periodística que aportó pruebas del vínculo criminal de funcionarios panistas con el robo a Pemex y la auténtica construcción de un Estado criminal parásito dentro de las entrañas del Estado mexicano.

Era algo público y documentado. Las anécdotas de la historia de la investigación también se hacen públicas y el respetable se entera, por ejemplo, que la administración de Pemex en el sexenio de Felipe Calderón dedicó a 10 abogados corporativos a evitar entregar la información con el argumento ante el Instituto Federal de Acceso a la Información de que la periodista ejercía con exceso su derecho a la información. Risible absurdo con el que los funcionarios panistas no tenían empacho de exhibirse al grado de la virtual desnudez.

Es información tan pública que no puede haber ningún funcionario o tomador de decisiones gubernamentales que pueda siquiera sugerir que no estaba enterado porque, además, la recurrencia de los derrames aumentó. La dimensión es casi aterradora, sugiere nada menos que una economía criminal parásita dentro de la economía formal del Estado mexicano.

El fiscal Winckler sugiere que el combate frontal al huachicol puede eventualmente ser causa de que los delincuentes migren a otro tipo de delitos como el secuestro o el robo de vehículos. Es verdad. Pero cómo explica con los datos comprobables que han surgido, haber hecho ni el mínimo movimiento, ya no para combatir algo que es claro lo rebasaba, sino para denunciarlo, o mínimamente hacerlo público. ¿Debemos entender que no lo hizo porque no sabía? ¿O por que no quiso? ¿O por que no se atrevió? Cualquiera de las tres posibilidades lo obliga a una explicación detallada para que aspire a convincente. Porque si sabía estaba obligado como funcionario público a denunciarlo. Lo mismo aplica para la administración de Javier Duarte de Ochoa.

En efecto, es posible la migración delincuencial, pero es un efecto menor al tamaño de la criminalidad incrustada en la estructura misma de Estado mexicano y de la que hay razones para pensar que él, como fiscal, necesariamente estaba enterado.